Los presos amotinados en marzo pasado en la cárcel La Modelo de Bogotá, supuestamente para exigir protección contra el coronavirus, fueron masacrados y varios de los 23 muertos recibieron disparos de fusil en estado de indefensión, revela una investigación publicada ayer por la Revista Semana.

La publicación se basó en fotografías, más de 50 horas de grabación de 20 cámaras del penal, testimonios y las necropsias para concluir que “por la forma como murió la mayoría de los detenidos, hubo un grave exceso en el uso de la fuerza de la guardia”, en resumen, “una masacre en la que varios de los detenidos murieron a bala en estado de indefensión”.

Además del motín en La Modelo, esa noche hubo revueltas en cerca de diez cárceles del país, entre ellas las de La Picota y el Buen Pastor, de Bogotá, esta última de mujeres; así como en las de Cómbita, Boyacá; Picaleña, Ibagué; Jamundí, Valle del Cauca, y Pedregal y Bellavista, en Antioquia.

Según la publicación, también se ve en videos cómo guardianes de la prisión golpean con palos y varillas metálicas a presos que estaban desnudos luego de rendirse.

Reparación directa

Ante estas revelaciones, David Murillo, docente de derecho de la Universidad Libre, considera que lo que podría pasar, por parte de las familias de las víctimas, es que después de terminar las investigaciones se otorgue lo que se denomina la “reparación directa”.

Explica el docente que “cuando una persona pierde la libertad, el Estado adquiere sobre esas personas una tutela, es decir, tanto la salud, la integridad e incluso la vida quedan en custodia del Estado y por esa razón los miembros del Inpec deben asegurar que se protejan los derechos de quienes están en las cárceles, porque estar privado de la libertad no significa tener suspendidos sus derechos”.

En consecuencia, dice Murillo, las víctimas deberán solicitar la investigación a través de denuncias para que se establezcan las responsabilidades individuales por homicidio y lesiones personales, para quienes son víctimas indirectas o para los mismo reclusos.

En este mismo sentido, Hernando Alvarez, docente de derecho de la Universidad San Martín, dice que de comprobarse que “hubo exceso de fuerza”, como lo señala la investigación periodística, puede pasar que el Estado tenga que entrar a responder patrimonialmente por las personas que perdieron la vida a sus familiares, así como por los heridos allí causados.

Recuerda Alvarez que el problema carcelario en Colombia viene con un acumulado de décadas en el que se ve delincuencia al interior de las cárceles y en el que no se encuentra todo lo que pregona el Código Penal, en cuanto a la resocialización.

Se evitó fuga de presos

El general Norberto Mujica, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, anunció que las actuaciones realizadas el pasado 21 de marzo en la cárcel La Modelo de Bogotá estuvieron encaminadas a “evitar las fugas de los presos”.

Mujica anunció que, en medio de los hechos que fueron controlados por los guardias del Inpec, hicieron presencia delegados de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, con el fin de adelantar las investigaciones pertinentes.

Además, desde el inicio de estas investigaciones el Inpec ha puesto a disposición de los entes de control y judicial los recursos humanos y tecnológicos con el fin de esclarecer estos hechos.

El oficial reiteró que continuarán adelantando labores encaminadas a la resocialización de la población privada de la libertad.

Mujica no dejó de lado reconocer que en medio de tales desmanes fallecieron 23 reclusos, de los cuales lamentó cada deceso.

Recordó que de manera simultánea ese día en 13 establecimientos del orden nacional se presentaron acciones sistemáticas y coordinadas de desobediencia y amotinamiento por parte del personal privado de la libertad, las cuales conllevaron a la reacción oportuna del personal de vigilancia y custodia del Inpec con el fin de restablecer el orden interno y evitar fugas masivas de los sindicados y condenados a cargo del instituto.

Dato:

En su defensa, según la investigación, los guardianes aseguran que las necropsias constataron que no hubo disparos a quemarropa.