El mayor revuelo lo ha provocado el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien en una carta aseguró que el exvicepresidente y hoy embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Francisco ‘Pacho’ Santos, había sido cercano a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al igual que otros miembros del Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

La declaración que, según respondió el embajador, no tiene nada nuevo frente a lo que ya había dicho el exjefe paramilitar hace más de 10 años, dividió opiniones entre quienes consideran que esas son las verdades que esperan de Mancuso cuando regrese al país, si finalmente Estados Unidos decide deportarlo a Colombia y no a Italia como insiste la defensa, y quienes piensan que todo es una estrategia de Mancuso para ganar beneficios a costa de atizar el ya intenso fuego político.

De hecho, Santos anunció que evalúa tomar acciones legales contra el exjefe paramilitar, pero el hecho y lo que se ha generado pone de presente varios cuestionamientos alrededor de si el país está preparado para manejar las verdades o "verdades" que guardan los exjefes paramilitares y sobre todo sus supuestos vínculos con las élites políticas y económicas.

Para el analista político Mauricio Jaramillo, la situación particular de Mancuso lo que hace es desprestigiar a algunos políticos cercanos al Centro Democrático, pero alimenta la tesis que históricamente ha defendido la izquierda sobre el Pacto de Ralito y que asegura que quienes estaban en la comandancia de las AUC se llevaron la verdad cuando fueron extraditados.

El riesgo ahora, dice Jaramillo, como en todo proceso de justicia ya sea ordinaria o transicional es el acceso real a esa verdad debido a que son los victimarios los que deben contar qué pasó en ese momento, considerado por muchos como un tiempo oscuro.

Sin embargo, el analista señala que si el tema sigue tomando el color que lleva hasta el momento, la coyuntura podría terminar siendo una segunda fase del escándalo de la parapolítica, incluso, con dimensiones mucho mayor a la de ese momento.

Pero quiénes estuvieron involucrados en materia política no sería la única verdad que Mancuso tiene pendiente en el país, el exjefe paramilitar tuvo relación directa con las masacres y asesinatos de líderes sociales ocurridos en gran parte del territorio nacional.

Para el analista político Carlos Andrés Arias, lo que está haciendo Mancuso es muy peligroso para la estabilidad política y jurídica del país si lo que sabe no es acompañado de pruebas contundentes ni definitivas.

Sin embargo, quien estaría mucho más cerca de llegar al país para enfrentar la justicia y responder por los crímenes que cometió es el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido bajo el alias de ‘Jorge 40’, a quien el Gobierno espera de regreso a finales del mes de septiembre.

Recientemente, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, confirmó que el pasado 2 de septiembre la Embajada de Colombia en Washington solicitó su deportación ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, argumentando que para el país es fundamental proteger los derechos de las víctimas del exjefe paramilitar.

Jorge 40 se encuentra en una cárcel migratoria de Pensilvania y posteriormente será enviado por las autoridades norteamericanas a un centro de reclusión en Louisiana y se prevé que luego de esto arribe a Colombia.

“Él tiene en Colombia 35 órdenes de captura y más de 1480 delitos. Las autoridades tienen que detenerlo, en el aeropuerto estará la DIJÍN y será trasladado a una cárcel que determine el INPEC para que quede a disposición de los jueces de la República”, señaló el comisionado.

Carlos Andrés Arias añade que lo mejor que puede pasar con estos exjefes paramilitares es que cuenten la verdad que se necesita saber, la verdad que incriminaría a élites ya sean de izquierda o de derecha.  “Que presenten pruebas, si no el tema no pasará más allá de un show mediático”, dice.

“El país que creyó en los acuerdos debe empezar a mirar estos pactos de una manera más amplia. Los acuerdos no se están cumpliendo por ninguna de las partes, ni por parte del Estado colombiano, ni por parte de los excombatientes”, destaca el analista.

Arias asegura que si estos exjefes de las AUC regresan a contar la verdad, contrario a lo que muchos creerían, disminuiría la polarización en el país porque se encontrarían puntos en común, que es lo que necesita el país, sin dejar de desconocer que ambos procesos de paz tienen errores. Destaca que casi tres años después del proceso de paz con las FARC, no se ha judicializado a ninguno de los líderes de su cúpula, mientras siguen haciendo política en el Congreso.

Lo que señala Carlos Andrés Arias, para Mauricio Jaramillo tiene otro punto de vista , debido a que si los exjefes paramilitares no dicen la verdad y no son condenados, como lo espera el país y en especial las víctimas, se les cae el ‘caballito’ de batalla con el que han venido atacando el proceso de paz de las Farc porque los ubica en el mismo escenario, con la diferencia del tiempo en que se firmaron ambos acuerdos.

Por el momento, el país también está a la espera de la respuesta de la solicitud de deportación que hizo el Gobierno colombiano del también exparamilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, conocido como ‘el Mellizo’.