Sin embargo, tras 14 años de este reconocimiento histórico, las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres denuncian que las barreras a las que se ven enfrentadas por parte del personal de salud, instituciones médicas y judiciales, imponen un sufrimiento desmedido para las mujeres y representan un peligro para su vida y su salud. 

Al final, la interrupción voluntaria del embarazo resulta de muy difícil acceso, además, porque existe el temor por parte del personal de la salud y de las mujeres a incurrir en el delito de aborto, tipificado en el Código Penal en el artículo 122, que impone una pena de 16 a 54 meses de cárcel. 

Lo anterior, según las activistas, desconoce el contexto en el cual viven muchas mujeres en Colombia y las discriminaciones a la que se ven sometidas: la mayoría de las mujeres denunciadas por aborto viven en el campo y un gran porcentaje ha sido víctima de violencia intrafamiliar. 

Es en este contexto que el movimiento Causa Justa, conformado por organizaciones, prestadoras/es de salud, integrantes de la academia, centros de investigación y activistas de todo el país, le pide a la Corte Constitucional que se declare inconstitucional el artículo 122 del Código Penal mediante el cual se establece el aborto como delito, ya que es “ineficiente, injusto con las mujeres y vulnera derechos fundamentales como la salud, la igualdad, la libertad y sobre todo, porque su existencia desconoce la ciudadanía de las mujeres”, señaló la organización en un comunicado. 

Ana Cristina González, integrante de la Mesa por la vida y la salud de las Mujeres, le contó a este medio que “hay muchas circunstancias de la vida de las mujeres que son importantes, profundas y serias y que les llevan a plantearse la decisión de no seguir adelante con un embarazo. En Causa Justa lo que buscamos es que se elimine el delito del Código Penal y tengamos una conversación en el campo de la prestación de los servicios, en un campo más social, sin la amenaza del delito para los prestadores y para las mujeres que abortan”.

Cifra

97% de las mujeres denunciadas por aborto pertenecen a zonas rurales y el 30% sufrieron violencia de género.