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“Este es un atentado contra la vida y los derechos fundamentales de los niños afectados”, manifestó el contralor general Carlos Felipe Córdoba, quien ordenó a la contralora Delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales, Soraya Vargas, que designe un abogado de esta dependencia, al que se le entregue el poder respectivo y se haga parte dentro del proceso penal.
La Contraloría adelanta 184 investigaciones por irregularidades en el manejo del PAE, que suman más de $74 mil millones, que involucran al departamento de Santander, y a Bolívar, La Guajira y Sucre, entre otras.
Según la Contraloría, hasta en un 35% de los contratos del PAE no se cumplen los estándares mínimos de calidad. El mes pasado la Contraloría produjo 30 alertas por presuntos sobrecostos de $34.856 millones en contratación del PAE durante la pandemia.
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