“El Gobierno nacional solicitará respetuosamente a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa, quien añadió que la protesta pública y pacífica, tema que también abordó el alto tribunal, está garantizada por la Constitución Política.

Trujillo aseguró que la fuerza pública vela por garantizar la vida, los derechos, libertades, y la integridad personal de los ciudadanos, por lo que los miembros del sector defensa, a su juicio, cuentan con protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los Derechos Humanos, para proteger la vida de los ciudadanos.

Respecto de la actuación del Esmad, el ministro aseguró que esta se produce exclusivamente ante las “acciones violentas e irracionales” que constituyen delito, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas.

Los tutelantes

Sobre las disposiciones de la Corte, uno de los demandantes, precisó que esperan que el Gobierno los convoque a las mesas de trabajo donde se va a regular el uso de la fuerza en el control de las protestas, y que además se convoque a académicos y expertos en el diseño de cómo manejar la protesta social.

Para los tutelantes, entre  las acciones intimidatorias o violentas se encuentra, la intervención “sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas”, así como la estigmatización frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno. Es violatorio, a su juicio, el uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos, las detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes, sumado a los ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

Ley que reglamenta la protesta social

Mientras que crece la polémica por la respuesta que dio el gobierno nacional a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre las manifestaciones, desde el Senado de la República se insistió en tramitar con prontitud un proyecto de ley, que ya tiene ponencia, en donde se busca hacer cambios al funcionamiento de la protesta social.

El autor de la iniciativa, el senador conservador Juan Diego Gómez, aclaró que el proyecto está encaminado a garantizar los derechos de los manifestantes pacíficos, establecer un protocolo para atender los hechos de vandalismo y evitar abusos de autoridad de parte de la Policía.