Valencia explicó que la Comisión tiene un régimen excepcional, que le permite obtener documentos públicos y reservados, incluso si hacen parte de entidades de inteligencia y contrainteligencia, sin que pueda existir ninguna oposición para entregarlos, sobre todo cuando se trata de insumos relacionados con violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario.

Valencia señaló que de los 14 meses que restan a la comisión para finalizar el trabajo, solo se cuentan con seis meses para recibir y recaudar información y comenzar con el proceso de análisis, contrastación y verificación de la misma.

“Los archivos del Estado son de vital relevancia para reconstruir hechos históricos porque representan el derecho que tienen las víctimas y la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado”, aseguró Valencia.

Pese a que la comisión ha adelantado una serie de acciones para obtener la información, que apoyará el proceso de paz entre el anterior Gobierno y las extintas Farc, hasta el momento se han encontrado con barreras que han decidido documentarlas ante la Procuraduría General de la Nación. Así las cosas, la entidad de paz en seis puntos aseguró que organismos de inteligencia han dilatado las respuestas y finalmente responden que la información pública a su cargo es reservada.

“Se nos ha dicho que los inventarios o el índice de información pública y reservada no puede ser entregada a la Comisión hasta que se suscriba un instrumento jurídico, contrariando lo que ordena la Corte Constitucional conforme al Decreto Ley 588 de 2017 y la Ley de Transparencia y acceso a información”, explicó Valencia.

Del mismo modo, el comisionado aseguró que existe falta de congruencia entre la información solicitada y la información finalmente entregada por algunas entidades, debido a que al recibir las respuestas, la Comisión encuentra que en ciertas ocasiones la información recibida omite las indicaciones solicitadas, lo cual "atenta con los criterios de congruencia y consecuencia que ordena la ley y desconoce el carácter transicional y limitado de la Comisión retrasando su trabajo".

Valencia aseguró que también han tenido casos en que han recibido "respuestas elusivas". Una vez vencidos los plazos para dar respuesta, la Comisión es informada que debe dirigirse a otra autoridad a solicitar la información requerida, o que se ha dado traslado a otra dependencia de la misma institución para que responda. “Incluso, que a juicio del funcionario que responde, no resulta conveniente brindar la información”.

Valencia también puso de presente la inobservancia de las normas a la hora del manejo de archivos, esto teniendo en cuenta la comisión a registrado la demora de varias instituciones en atender las solicitudes de acceso a la información radicadas por la entidad de paz, debido a falta de organización e identificación que se hace de los archivos y documentos, sobre todo relacionados con derechos humanos y derecho internacional humanitario.

“La Comisión debe advertir sobre la inexistencia de archivos de derechos humanos por su destrucción e incineración, en contravía del Protocolo de Gestión Documental de Archivos referidos a graves violaciones de derechos humanos del Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica”, aseguró Valencia.

“De manera puntual, entidades del Estado con obligaciones de protección de los derechos de los ciudadanos ha manifestado verbalmente y por escrito que determinados archivos que dan cuenta de violaciones de derechos humanos han sido destruidos por órdenes y directivas, como una práctica institucionalizada o que fueron destruidos con ocasión de hechos del conflicto armado interno”, reveló el comisionado.

Por último, en el despacho de la Procuraduría reposa información sobre las respuestas que retrasan la entrega de información, argumentando la carencia de copias digitales, inexistencia de herramientas de consulta e inventarios documentales.

“Esta situación se acentúo más a raíz de la pandemia del coronavirus, debido a que el acceso a la información se hace en gran medida por canales virtuales. Se encuentra gran deficiencia en el hallazgo de inventarios documentales o estructurados que no hace posible reconocer con precisión la información pertinente a obtener”, señala el comisionado.