Un gran revuelo político y mediático causó la revelación del antiguo Secretariado de las Farc-EP, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de asumir la responsabilidad de varios hechos, entre ellos el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.

El propio presidente Iván Duque admitió que está en manos de la justicia esclarecer el crimen de Gómez Hurtado y afirmó que el reconocimiento de responsabilidad no puede ser una forma de obstruir la justicia e impedir que esta llegue a los verdaderos culpables.

De otra parte, la Comisión de la Verdad en cabeza del padre Francisco de Roux, señaló que “en cabeza de los comisionados y comisionadas, establecerá comunicación inmediata con familiares de Álvaro Gómez, Jesús Bejarano, el general Fernando Landazábal, Pablo Emilio Guarín, Hernando Pizarro y Fedor Rey. Así mismo, con las entidades y organizaciones afectadas por dichos asesinatos”.

Expertos consultados consideran que la antigua guerrilla de las Farc debe aportar pruebas suficientes sobre estos hechos.

En este sentido, David Murillo,  penalista y docente de la Universidad Libre, señala que “Judicialmente, respecto a los altos líderes de la paz, estarían dando una muestra de su compromiso con la verdad. Sin embargo, políticamente puede generarles mayor rechazo social, pues de ser ciertas sus revelaciones habrían utilizado una práctica de guerra reprochable con el asesinato y habrían permitido que una persona inocente fuese condenada”.

De la misma manera, Rodolfo Mantilla, exmagistrado y docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, precisa “si ellos dicen que mataron a estos líderes políticos, esa revelación no tiene ninguna fundamentación lógica porque callaron estos crímenes durante muchos años y entonces las Farc antes que una guerrilla era un grupo sicarial (por cuenta de alguien”.

Hay que recordar que por el asesinato de Gómez Hurtado fue inicialmente condenado Héctor Paul Flórez.

Sobre este aspecto, Murillo considera que “de establecerse una responsabilidad por error judicial podría llevar a una reparación directa por los daños ocasionados que terminaríamos pagando inicialmente todos los colombianos con nuestros tributos. Después, en aplicación del artículo 90 de la Constitución se deberá adelantar la acción de repetición contra los agentes del Estado (fiscales y jueces) que materializaron el error judicial que llevó a la condena injusta del señor Flórez, con el fin de hacer que ellos con su patrimonio paguen por los daños a los que eventualmente condenen al Estado”.

Posición de la familia

El abogado y sobrino de la víctima, Enrique Gómez Martínez, sentencia: “Vamos a trabajar para que no le quiten la competencia a la Fiscalía. No hay validación ni sustento fáctico y probatorio de que las Farc fueran las responsables”.

En los últimos meses de su vida fue un duro crítico del gobierno de Ernesto Samper. Después de su homicidio este declaró el estado de “conmoción interior”, pero la familia del líder conservador lo culpa, junto al exministro Horacio Serpa, del crimen.

Tres candidaturas

Álvaro Gómez Hurtado logró que sus palabras fueran hechos. Era 1985 y la convención del Partido Conservador lo eligió como candidato a la presidencia para los comicios que disputó un año después contra el liberal Virgilio Barco y el alternativo Jaime Pardo Leal.

Ese día, en un escenario de bambalinas azules y ante un público que ondeaba banderas del mismo color, Gómez Hurtado advirtió: “Para merecer el cambio que queremos, debemos fabricarlo nosotros mismos”.

En esa Colombia de 1985, él se preparaba para asumir su segunda aspiración presidencial. La primera ocurrió en 1974, frente el liberal Alfonso López Michelsen; y, con los años, llegó una tercera, en 1990 contra César Gaviria. La Casa de Nariño le fue esquiva, tal vez, porque “sus opositores le recordaban a los votantes que él era el hijo de Laureano Gómez”.

Líneas de Investigación

Tres exfiscales coinciden en que nunca tuvieron pista que las Farc estuvieran detrás del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

Alfonso Valdivieso, exfiscal general, dijo “hay cierta sorpresa con la información de las Farc con un hecho que se viene investigando y sobre el cual nunca se tuvo los hechos para que se hubiese investigado esa autoria. En el periodo que yo estuve que fue inmediatamente ocurrieron los hechos esa hipótesis nunca se había considerado”.

Durante la fiscalía de Alfonso Gómez Méndez la línea de investigación fue la hipótesis que se habría tratado de un sector del Ejército en coordinación con personas que pretendía dar un golpe de estado cívico -  militar al gobierno de Samper.

Y durante la fiscalía de Mario Iguarán se trabajó sobre la teoría que vinculaba el magnicidio de Gómez Hurtado al cartel del norte del Valle.