El alto tribunal aseguró que las manifestaciones del presidente, en apoyo a Álvaro Uribe, fueron hechas en el marco de su ejercicio de la libre expresión y que no se realizaron con la intensión de afectar los principios constitucionales del Estado de Derecho.

Con la acción de tutela que interpusieron en contra del presidente se buscaba que se amparara el derecho a la igual y al debido proceso, pues consideraba que las opiniones del jefe de Estado constituían una presión para la justicia.

“El accionante no acreditó que fuera parte del proceso penal, ni que hubiera sido reconocido como víctima”, destaca uno de los apartes de la decisión.

“La persona que acude a la tutela debe tener un interés directo y particular respecto a la solicitud de amparo”, advirtió el Consejo de Estado, se agregó en el fallo.