El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, les hizo un llamado a los entes de control, especialmente a la Procuraduría, para que vigilen si los alcaldes y gobernadores están garantizando los espacios de participación de las víctimas en los territorios, dados los reportes que llegan a la Unidad sobre el incumplimiento en este aspecto.

“Durante la actual emergencia sanitaria se han perdido espacios que las víctimas habían alcanzado en las diferentes regiones del país; los comités de Justicia Transicional y otros espacios que tenían las víctimas, pero que los mandatarios locales no les han facilitado para garantizar la participación efectiva”, afirmó Rodríguez.

“Tampoco se les han facilitado los medios para que puedan participar de forma efectiva, como lo es el acceso a internet y facilitar la conectividad”, añadió el director de la entidad. 

El directivo exhortó a las víctimas para que “no permitan que se les quiten estos espacios". "No se puede perder lo que ya habían ganado y el trabajo que se había alcanzado con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo”, añadió.

Rodríguez dijo que, a través de directivas y memorandos, “se les puede solicitar los alcaldes y gobernadores, el cumplimiento de la participación efectiva de las víctimas, para que eso espacios que se habían ganado no se pierdan en el marco de la pandemia, ya que no podemos ser regresivos con los derechos de las víctimas”. 

Contexto 

La participación es un derecho que tienen las víctimas para hacer conocer sus propuestas en la implementación y seguimiento de la Ley de Víctimas e incidir en la definición de políticas públicas que actúen en su beneficio.

La Unidad de Víctimas hace acompañamiento técnico a las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas que operan a nivel municipal, departamental y nacional, para que estos escenarios operen de acuerdo con lo dispuesto en el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas expedido por medio de la Resolución 388 de 2013.

Está dirigido a las víctimas organizadas a través de sus Organizaciones de Víctimas, a las víctimas no organizadas, a las Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas y a las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas en todos los niveles territoriales.