Se trata de una “violencia endémica” en la que, a pesar de la bajada de la tasa de homicidios (de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes), en 2020 hubo “una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no estatales y grupos criminales”.

Así lo recoge el informe de la Alta Comisionada sobre la situación en Colombia, que será presentado por la directora de ese organismo, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el próximo 25 de febrero.

“Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014”, manifestó la representante en Colombia de la Alta Comisionada, Juliette Rivero, en su exposición a los medios.

Entre los casi 300 asesinados se encuentran 23 mujeres, seis niñas, 18 niños, 7 integrantes de pueblos indígenas y 10 afrodescendientes.

El comienzo de este año, que la Justicia Especial por la Paz, JEP, ya tildó como el más violento desde la firma de la paz, la ONU documentó seis masacres, con 21 víctimas, y está verificando cinco más, mientras que organizaciones como Indepaz recogen datos muy similares con 14 masacres y 55 víctimas en 13 municipios.

“La tendencia de asesinatos de defensores es muy preocupante y el Estado tiene la capacidad y la posibilidad de ajustar sus políticas para prevenir estos casos de violencia”, consideró la representante de Bachelet.

Además, la violencia también provocó el desplazamiento masivo de más de 25.000 personas, sobre todo en los departamentos de Antioquia, Chocó y Nariño, y casi 75.000 personas sufrieron confinamientos impuestos por grupos armados más allá de los dictados por la respuesta a la pandemia de la Covid-19. 

Recomendaciones al Gobierno 

Ante este aumento de la violencia, la ONU considera que lo “más importante es poner el acuerdo de paz en el centro de la respuesta del Gobierno y reforzar los mecanismos creados por el acuerdo de paz para dar respuesta a esta situación”.

A pesar de los esfuerzos de la Unidad Nacional de Protección, UNP, la oficina de derechos humanos recalcó, como lo hizo la semana pasada Human Rights Watch y vienen denunciando organizaciones sociales, que la resolución de las peticiones de protección se retrasan y ponen en riesgo a los defensores.

“Creemos que el 2021 es un año de grandes oportunidades para Colombia”, consideró la representante en Colombia de la Alta Comisionada, Juliette Rivero, ya que se espera el fin del mandato de la Comisión de la Verdad y por tanto la sociedad y el Gobierno tienen la oportunidad “de recibir, escuchar y conocer la verdad entregada por la Comisión”.

La ONU recibió información acerca de casi 800 amenazas y agresiones a líderes sociales en Colombia.