Desplazamiento forzado en al menos 11.100 personas

Crédito: Archivo / EL NUEVO DÍALa Defensoría solicitó atención humanitaria de emergencia y restitución de derechos para las comunidades desplazadas.
El Defensor del Pueblo reiteró a las autoridades la necesidad de adoptar medidas de disuasión y control de los factores de violencia y amenazas, que están atentando contra la población civil, ocasionando desplazamientos.
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En lo que va corrido del año se han presentado en el país cuatro hechos de desplazamiento masivo por semana, lo que, según la Defensoría del Pueblo, ha llevado a una situación de revictimización de la población campesina y étnica, que ha quedado expuesta a confrontaciones, amenazas y riesgo de reclutamiento forzado por parte de los diferentes grupos ilegales.

Para el organismo, todo ello impide el restablecimiento de derechos y garantías de no repetición.

“Fueron 16 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 eventos de desplazamiento masivo rural, los cuales afectaron a un total de 4.062 familias y 11.150 personas, de las cuales el 90% pertenece a comunidades étnicas del Pacífico. Y han sufrido confinamiento 40 comunidades en Chocó, Cauca y la costa nariñense”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Estos hechos de violencia protagonizados por diferentes grupos armados ilegales son consecuencia de las disputas territoriales que suceden en las comunidades rurales indígenas, en comunidades negras y campesinas, así como en zonas urbanas, como en Buenaventura, y otras donde prevalecen condiciones de vulnerabilidad, que la Defensoría no solo ha detectado sino ha denunciado por las dificultades en materia de garantías de seguridad para excombatientes y la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, entre otros.

Para la Defensoría está claro que son hechos que aterrorizan a la población con homicidios selectivos, reclutamiento y utilización de niños y adolescentes, amenazas y señalamientos y, en general, prácticas de sometimiento y control poblacional.

De acuerdo con Camargo, dichas situaciones están enmarcadas de manera particular en las disputas de, entre otros actores, facciones disidentes de las ex Farc, exactamente de los frentes 36 y 18; el Eln, el Bloque Virgilio Peralta Arenas, ‘Los Caparros’ y grupos de crimen organizado contra el ‘Clan del Golfo’ en el noroccidente del país, enfrentados por las zonas de cultivo, procesamiento y comercialización de droga, así como la captación ilícita de rentas provenientes de la minería ilegal y trata de personas, entre otras.

“Los escenarios de estas situaciones se multiplican en el territorio, participando diferentes grupos del crimen organizado bajo múltiples denominaciones que cambian según los territorios, que entre el 1 de enero y la fecha han generado desplazamientos forzados, homicidios, masacres, confinamientos, asesinatos de líderes sociales, amenazas contra líderes indígenas, asesinatos de excombatientes, entre otros delitos, particularmente en el suroccidente del país, Catatumbo y la frontera colombo venezolana”, argumentó el defensor.

La Defensoría resaltó que esas situaciones han ocurrido en el 2021 en El Salado, Cauca, Urabá y Chocó.

Colprensa/Bogotá

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