Cerca de 1.742.927 ciudadanos venezolanos, podrían beneficiarse del Estatuto Temporal de Protección, ETP, según lo informó el Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios. 

Esta cifra, de acuerdo con el jefe de la autoridad migratoria colombiana, corresponde al número de migrantes venezolanos que se encontrarían en Colombia para el 31 de enero de 2021 y de ellos, indicó Espinosa Palacios, el 54% estaría en condición irregular. 

De acuerdo con el jefe de la autoridad migratoria colombiana, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Cali y Cartagena albergan un poco más del  40% del total de los venezolanos que estarían radicados en el país, mientras que a nivel departamental, la lista la encabezan Cundinamarca, incluyendo Bogotá; Norte de Santander, Atlántico, Antioquia y La Guajira, departamentos en los que se ubican cerca del 60 por ciento del total de los venezolanos que hay en Colombia.

Sin embargo, pese a que el presidente Iván Duque ya firmó el Decreto, aún existen muchas inquietudes sobre la manera de cómo se hará la implementación en el país del Estatuto. 

Expertos consultados por esta redacción hablaron de los principales retos que tiene el Gobierno Nacional para que esta herramienta les permita recibir un trato digno y logren alcanzar garantías, como el derecho al trabajo, a la salud y la educación. 

Los retos 

Beatriz Eugenia Luna de Aliaga, docente de la Universidad de la Sabana, mágister en Derecho Constitucional y Consultora en Derechos Humanos, Migraciones y Fenómeno de la trata de personas, precisa que son varios los retos que debe enfrentar el Gobierno, y uno de ellos es el tema de la información, porque es necesario que se fortalezcan los canales de información y de apoyo para todos los migrantes y deben existir, no solo desde el sector del Gobierno sino también trabajar de la mano con organizaciones de la sociedad civil (que son las que muchas veces tienen ese contacto directo con la población), así como organizaciones que trabajan en temas de apoyo a migrantes, organizaciones religiosas y crear otros canales, es decir, ir hasta donde viven las comunidades migrantes. 

Otro reto, es dar confianza y tranquilidad e información confiable, que ellos no tengan temores sobre las ventajas, los trámites, y explicarles sobre qué pasa si alguien no quiere acogerse a esa oportunidad que está dando Colombia; así como articular y materializar los beneficios en la realidad, vinculándolo no solo en la ocupación económica sino en sectores como la salud y educación.  

Población flotante

Es bien sabido que la población migrante va de un lugar a otro y en este sentido, Carolina Moreno, Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y Directora del Centro de Estudios de Migración, considera que un gran desafío es que la gente efectivamente se registre porque ya se tuvo una experiencia y es que las personas que accedieron al Permiso Especial de Permanencia, en su momento, fue bastante baja y cree que se tiene que aprender de esa experiencia.  

Por tanto, el reto para el éxito del Estatuto (a pesar que tiene algunas críticas) es que la gente se pueda registrar y actualizar periódicamente ante cualquier cambio de actividad. 

¿Y el costo? 

Seguramente en el estatuto quedó establecido, pero según  Luna de Aliaga, la parte operativa del personal tiene que ser asumido por el Estado pero ha recibido apoyo de la cooperación internacional para la atención a migrantes. 

De igual manera, la profesora de Los Andes, señala que todo el sistema de regularización migratoria por supuesto va a representar retos financieros por parte del Estado colombiano, y pues ha hecho un llamado internacional para que apoyen este proceso que permitirá que la población migrante pueda transitar por todas las fases de la educación y entrar al mercado laboral. 

¿Más beneficios?

A raíz de los recientes hechos de violencia protagonizados por un venezolano en Bogotá, Moreno precisa que “no hay que confundirnos porque se cometen conductas delictivas y lo primero es hacer un llamado a las autoridades para no satanizar”. 

Además, “no es que le va a dar más beneficios porque con estatuto o sin estatuto los migrantes van a estar expuestos a explotación de muchas maneras, como la xenofobia y la explotación de muchas maneras”. 

Además, considera Luna de Aliaga, “los migrantes así como los colombianos somos seres humanos con los mismos derechos y la idea es tener las mismas opciones para trabajar, educarnos y aportar en la dinámica económica”.

La normatividad

El Estatuto Temporal de Protección es sin duda una herramienta fundamental de protección al migrante y al ciudadano colombiano; gracias a esta herramienta, se logrará la identificación de la población migrante, lo que es beneficioso para su protección y la del país, ya que facilitará la judicialización. 

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, indicó que en lo transcurrido del año se han adelantado más de 11 mil diligencias a lo largo del territorio nacional para verificar que el extranjero que se encuentre dentro del territorio nacional, cumpla con la normatividad y respete la legislación. “Durante el año 2020 adelantamos más de 41 mil procesos de esta naturaleza. 

Así mismo, continuaremos articulando esfuerzos con las autoridades por garantizar la seguridad nacional y aquellos extranjeros que obren de manera indebida serán expulsados, como los hicimos con más de mil 200 venezolanos en el año 2020. Más de 950 de ellos por situaciones presentadas en Bogotá”.

DATO

El 58% de los venezolanos que se encuentran radicados en Colombia son hombres y mujeres entre los 18 y los 39 años de edad. Mientras que más del 28% serían niños, niñas y adolescentes.