Un juez condenó a 28 años y ocho meses de prisión al disidente de las Farc Jesús Vargas Cuajiboy, alias ‘Reinel’, por el secuestro y asesinato de los tres miembros del equipo del diario ecuatoriano El Comercio en una zona de la frontera común.

“Para las víctimas y sus representantes, lo ocurrido a lo largo del proceso y la sentencia deja en evidencia la falta de una investigación seria y exhaustiva por parte de la Fiscalía General de la Nación”, reza un comunicado emitido ayer por la plataforma #Nosfaltan3 y la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip.

Aunque el documento considera que “el fallo es relevante”, cuestiona la actuación de la Fiscalía a la que achaca el no haber sido “diligente en su investigación”, así como que “tampoco ha logrado esclarecer responsabilidades en otros niveles, ni dado a conocer los autores materiales ni intelectuales del secuestro y posterior asesinato”.

Las víctimas consideran que “no se ha hecho justicia y este fallo de ninguna manera representa que la labor de investigación de los estados, en especial de Colombia, haya concluido”.

El delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General, Javier García, aseguró ayer  que “el abundante material de prueba” que recaudó la institución permitió establecer que Vargas fue “el encargado de custodiar a las víctimas durante la retención y tuvo conocimiento” de la orden del asesinato.

“Ante la contundencia de los elementos materiales obtenidos, alias ‘Reinel’ aceptó su responsabilidad en los hechos y mediante preacuerdo fue sentenciado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Tumaco por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado”, dijo.

Piezas del rompecabezas

La plataforma que representa a los familiares recordó ayer que según un informe elaborado por el equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, aún siguen existiendo hipótesis que no han sido investigadas, y que no se ha garantizado una reparación integral a las víctimas.

“Casi tres años después, la Fiscalía aún no tiene claro cuál fue el papel que desempeñaron las tres personas que se encuentran acusadas y siguen sin aclararse las condiciones en que se dio el homicidio”, censura el comunicado.

Y recalca que “se han omitido aspectos que comprometerían la responsabilidad del Estado colombiano” en el fatal desenlace.