Así lo determinó el decreto 1058 de 2021, que indica que “cualquier persona que sea beneficiaria del mecanismo de vigilancia electrónica estará obligada de acuerdo con su capacidad económica a cancelar la tarifa establecida por el Gobierno Nacional para su asignación y uso”.

Sin embargo, agrega que la imposibilidad de pagarlo en su totalidad o de manera parcial no impedirá el acceso al mecanismo de vigilancia electrónica o la elegibilidad para su otorgamiento, pues será el Gobierno nacional el encargado de brindarlo.

El decreto agrega que cuando el beneficiario de la medida no se encuentre registrado en la base de datos del Sisbén IV, deberá solicitar la encuesta al municipio correspondiente, trámite que podrá adelantar su núcleo familiar, toda vez que la medición se realiza por hogar, y deberá aportar copia de la respectiva solicitud.

También dice que al momento de la entrega del mecanismo de vigilancia electrónica, el beneficiario manifestará bajo la gravedad de juramento, el monto que puede cubrir de la tarifa de asignación y los razonamientos que sustentan dicho importe.

Hecho que será comprobado por el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpes), quien adelantará las gestiones administrativas necesarias con el Departamento de Planeación Nacional (DNP), a fin de acceder a la base de datos dinámica y centralizada de consulta del Sisbén IV, para verificar el grupo poblacional en el que se encuentra el beneficiario de la medida.

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