Los hechos se habrían registrado en medio de manifestaciones violentas registradas dentro del centro carcelario el 21 de marzo de 2020, donde 24 presos perdieron la vida y más de 100 personas resultaron heridas.

El material probatorio da cuenta de que los funcionarios habrían golpeado, desnudado e incluso herido con arma blanca a detenidos que ya se encontraban en estado de indefensión y cuando aparentemente la situación ya había sido controlada dentro de las celdas.

Asimismo, hay indicios de una presunta falta de atención médica para algunos de los heridos con armas de fuego, quienes aparentemente fueron encerrados en celdas de aislamiento.

Por estos hechos la Fiscalía General de la Nación imputó a los procesados el delito de tortura agravada, teniendo en cuenta sus funciones como servidores públicos y que serían conocedores de la gravedad de las presuntas actuaciones. El cargo no fue aceptado.

Por decisión del juez, Julián Alberto Piñeros Gómez deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que, Víctor Alfonso Cervera Piratoba y Jefferson Fabián Hueso Escárraga lo harán en su lugar de domicilio. La Fiscalía y el Ministerio Público apelaron esta última determinación.