Durante julio, agosto y septiembre pasados ocurrieron 21 casos de desplazamiento forzado que obligaron a 15.644 personas a abandonar sus viviendas por acciones violentas de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al presentar el informe del tercer trimestre de 2021 sobre este fenómeno.

Estas cifras resultan preocupantes para la Defensoría pues en comparación con el mismo trimestre de 2020, el número de familias afectadas aumentó de 1.682 a 5.266 (213%). Lo mismo ocurrió con el número de personas que fueron víctimas pues pasó de 7.542 a 15.644.

Los desplazamientos ocurrieron en los municipios Ituango y Peque (Antioquia); Montecristo (Bolívar); Santander de Quilichao y Argelia (Cauca); Nuquí, Lloró y Medio San Juan (Chocó); Magüí Payán y Tumaco (Nariño), Cúcuta y Buenaventura. Entre las víctimas están ocho comunidades afro y cuatro indígenas.

En el mismo lapso, según la Defensoría, las acciones de las organizaciones armadas impidieron la movilidad de 10.065 personas, que integran 2.454 familias de 38 comunidades, las cuales debieron permanecer confinadas ante el temor de afectaciones a su vida e integridad.

Esto ocurrió en 14 hechos en Caloto (Cauca); Acandí, Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan y Nuquí (Chocó); Tumaco (Nariño); Puerto Leguízamo (Putumayo) y Buenaventura (Valle del Cauca).

De manera particular, la Defensoría informó que durante julio de este año se observó que el Pacífico seguía siendo el epicentro de la disputa territorial armada para resguardar las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal, situaciones que hacen que persistan las dinámicas de riesgo de desplazamiento y/o confinamiento, de desplazamiento masivo forzado y de confinamiento forzado.

Para agosto, según la Defensoría, la población que ha sido desplazada en los eventos masivos, en la región Pacífica del país, empezó a regresar a sus lugares de origen sin el acompañamiento de las instituciones competentes, sin garantías de seguridad, de no repetición, de dignidad y dificultades de atención en las zonas receptoras. 

Las comunidades se vieron obligadas a regresar a sus territorios, para velar por sus bienes materiales, cultivos y trabajo.

“Para la Defensoría resulta preocupante que al finalizar septiembre se mantuvieron las causas que afectan a las comunidades, como acciones de diferentes grupos armados ilegales por el control territorial a partir de intimidación, amenazas, asesinatos, control social, retenes ilegales, combates con interposición de población civil, utilización de artefactos explosivos improvisados y enfrentamientos; generando crisis humanitarias en los territorios”, concluyó Camargo.

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