El baño de sangre provocó una crisis gubernamental, con la renuncia del vicepresidente Mohamed ElBaradei, y fue condenado por la ONU y por países occidentales y musulmanes.

Las autoridades habían prometido un desalojo "gradual" de las plazas cairotas de Rabaa al Adawiya y Al Nahda, ocupadas desde hace un mes y medio por miles de partidarios de Mursi, derrrocado el 3 de julio por los militares y detenido desde entonces.

Pero las tropas policiales y militares rodearon por sorpresa al amanecer los dos parques y empezaron a avanzar con topadoras y disparando gases lacrimógenos contra las tiendas de campaña, que albergaban a numerosos mujeres y niños.

El gobierno anunció que el desalojo de Al Nahda concluyó por la mañana. En Rabaa, la policía garantizó la salida de cientos de manifestantes que querían evacuar el lugar, mostró la televisión estatal. Pero un grupo de irreductibles permanecía atrincherado y continuaba enfrentando a las fuerzas de seguridad en otra punta de la plaza.

El ministerio de Salud indicó por la tarde que en la operación murieron 149 personas, aunque solo en la morgue improvisada junto a la plaza Rabaa un periodista de la AFP había contado unas horas antes 124 cadáveres.

En ese hospital de campaña, los médicos se veían desbordados y abandonaban los casos más desesperados para ocuparse de los heridos con más posibilidades de sobrevivir.

Los Hermanos Musulmanes, el movimiento de Mursi, afirman que la represión dejó dos mil 200 muertos y más de 10 mil heridos. Otras regiones fueron escenario de incidentes, con enfrentamientos en Alejandría y el incendio de tres iglesias cristianas coptas en el centro del país.

El gobierno declaró el estado de emergencia nacional y un toque de queda en El Cairo y otras 11 provincias desde las siete de la tarde hasta las seis de la mañana. Ambas medidas regirán durante un mes.

Previamente suspendió todas las conexiones ferroviarias con El Cairo para dificultar las movilizaciones.

Crisis gubernamental

La represión desató una crisis gubernamental y dividió a los amplios sectores civiles y religiosos que habían apoyado el golpe contra Mursi. El vicepresidente Mohamed ElBaradei presentó su renuncia en una carta dirigida al presidente interino, Adly Mansur.

"Se ha vuelto difícil para mí seguir asumiendo la responsabilidad de decisiones con las que no estoy de acuerdo", escribió el Premio Nobel de la Paz. "Desgraciadamente, quienes van a ganar con lo ocurrido hoy son los grupos extremistas, que llaman a la violencia y el terror", agregó.

La mezquita Al Azhar de El Cairo, principal autoridad mundial de los sunitas (una rama del islam), también lamentó la represión. "El uso de la violencia nunca ha sido una alternativa a una solución política", dijo el gran imán de Al Azhar, Ahmed al Tayyeb, en una declaración televisiva.

Los Hermanos Musulmanes llamaron a una movilización general para "detener la masacre".

"Esto no es un intento de dispersión, sino una sangrienta tentativa de aplastar todas las voces de oposición al golpe militar" que derrocó a Mursi, escribió en Twitter el portavoz de la cofradía, Gehad al Haddad.

La violencia política ya había dejado más de 250 muertos desde finales de junio hasta antes de la represión de este miércoles.

Condenas internacionales

La represión fue condenada por numerosos países y causó alarma internacional por el futuro de Egipto, el más poblado de los países árabes. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, deploró que las autoridades egipcias "hayan decidido usar la fuerza".

Turquía, potencia clave en la región, que se había opuesto al golpe contra Mursi, consideró "inaceptable" la represión y urgió al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Liga Árabe a "pasar a los hechos de inmediato para detener la masacre".

Catar, principal apoyo de los Hermanos Musulmanes, también denunció "el método utilizado contra manifestantes pacíficos". Estados Unidos, que otorga a Egipto unos mil 500 millones de dólares anuales de ayuda, principalmente militar, criticó la represión y las medidas de excepción.

"Estados Unidos condena con fuerza el uso de la violencia contra los manifestantes en Egipto" y se opone "al retorno al estado de emergencia", declaró el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.

El estado de emergencia fue casi permanente durante las tres décadas del gobierno de Hosni Mubarak, derrocado en 2011 por una insurrección popular, en el punto culminante de la Primavera Árabe que acabó con los regímenes autoritarios de Túnez, Egipto y Libia.

"La violencia sólo hará que sea más complicado para Egipto ir hacia un camino de estabilidad y democracia duradera y va en contra de las promesas hechas por el gobierno interino de buscar la conciliación", agregó Earnest.

Mursi fue el primer presidente de Egipto elegido democráticamente.

La cofradía de los Hermanos Musulmanes, ilegalizada en 1954, fue reprimida por los sucesivos gobiernos egipcios, pero volvió a actuar legalmente tras la caída de Mubarak, en febrero, y se impuso en las elecciones legislativas y presidenciales de ese mismo año.