El Gobierno de Venezuela denunciará a Estados Unidos ante la ONU, la OEA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) por la “injerencia” y amenazas de sanciones contra el país caribeño, dijo ayer el canciller venezolano, Elías Jaua.

“Vamos a hacer una denuncia formal ante la ONU por la violación de la Carta de Naciones Unidas, ante la Organización de Estados Americanos por la violación de la Carta Interamericana”, agregó Jaua.

El ministro de Exteriores de Venezuela también indicó que su país hará “una denuncia formal ante la Celac” y ante la Unasur.

Jaua señaló, además, que las denuncias se empezarán a interponer la presente semana durante la reunión ordinaria que de cancilleres de la Unasur en Ecuador.

“Voy a presentar en nombre del presidente Nicolás Maduro (...) la primera denuncia formal con todo un expediente de lo que han sido las declaraciones injerencistas de los voceros empezando por el presidente (de Estados Unidos, Barack) Obama, el secretario (de Estado, John) Kerry y otros voceros en los asuntos internos de Venezuela”, dijo. Así mismo, señaló que en las denuncias también se incluye “las amenazas permanentes de aplicar sanciones o legislar sobre Venezuela al margen de cualquier consideración del derecho internacional”.

Jaua apuntó que su país “como nación libre e independiente” no reconoce al Gobierno de Estados Unidos ni a su Parlamento “ninguna autoridad extraterritorial para legislar contra Venezuela o sobre Venezuela”.

Además, resaltó que “tampoco está en el marco del derecho internacional el tema de las sanciones unilaterales de cada uno de los países” y que “hay unos principios básicos del sistema de las Naciones Unidas que tienen que ser respetados”.

Semana de reuniones

 Aveledo, quien participó acompañado de dirigentes de la oposición como Henrique Capriles, afirmó que los cancilleres de la Unasur -que no se pronunciaron tras la reunión- se reunirán hoy con el Gobierno y después volverán a recibir a la MUD.

El martes, la oposición se retiró de las mesas de trabajo con el Gobierno y declaró “congelado” el diálogo tras la detención de más de 200 estudiantes (la mayoría liberados) durante protestas en la última semana y criticar la falta de definiciones del oficialismo para avanzar en acuerdos.

La MUD también rechazó que voceros del gobierno desconocieran los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo.

El presidente Nicolás Maduro asegura que se mantendrá en el diálogo, pero desestima los reclamos de la oposición y el sábado volvió a acusar a la “extrema derecha” de impulsar nuevos planes de golpe de Estado a través de las protestas.

El diálogo busca poner fin a las manifestaciones contra el Gobierno, iniciadas en febrero, a la inflación de casi 60% y la escasez de productos básicos. 

Exigencias venezolanas

La oposición venezolana expuso ayer a los cancilleres de la Unasur sus exigencias para desbloquear el diálogo de pacificación con el gobierno, suspendido tras el repudio a la detención de estudiantes durante protestas y a la falta de acuerdos.

Varios representantes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se reunieron durante varias horas con los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador -en representación de la Unasur- y el nuncio apostólico en Caracas, en un intento por destrabar las conversaciones con el Gobierno para poner fin a más de tres meses de sangrientas protestas antigubernamentales.

“Los cancilleres escucharon nuestros puntos de vista y ahora van a hablar con el gobierno para poder hacer la mediación que corresponde (...). Vamos a ver la respuesta que el Gobierno da, ahora la pelota está en la cancha del gobierno”, dijo a la prensa al término de la reunión el secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo.

“Los puntos son muy sencillos, uno no dialoga solo por conversar”, agregó Aveledo, quien aseguró que la coalición opositora tomará una decisión respecto al diálogo según “la actitud del Gobierno”.

Entre las exigencias figura la creación de una comisión “independiente” que investigue los disturbios contra el gobierno, que dejan 42 muertos, más de 800 heridos y 252 detenidos, así como la liberación de estudiantes y dirigentes opositores -como el radical Leopoldo López, quien está preso desde el 18 de febrero- detenidos en las manifestaciones.

La MUD, cuya ala radical se marginó del diálogo que se inició el 10 de abril, pide además medidas de gracia a los denominados “exiliados políticos” y para el excomisario Iván Simonovis preso desde hace 10 años y acusado de homicidio tras el breve golpe de Estado ejecutado contra Hugo Chávez en 2002.