RESUMEN, BRASIL

La jefa de Estado de Brasil, Dilma Rousseff, sigue batallando para evitar su destitución y ayer se reunió con sus asesores para analizar unas medidas de carácter social que podría anunciar hoy, durante el Día de los Trabajadores, con el fin de reconquistar el apoyo de la izquierda.

Las posibilidades de Rousseff de sostenerse a flote cada vez son menores y en las últimas semanas la Presidenta ha hecho varios guiños a los movimientos sociales y sindicatos para recuperar su respaldo, que se había debilitado en medio de una serie de propuestas de ajuste fiscal lanzadas por la mandataria en el último año.

Mientras Rousseff busca una nueva aproximación a las bases, su vicepresidente y ahora adversario político, Michel Temer, hilvana a contrarreloj las piezas de su eventual Gobierno.

Temer, primero en la línea de sucesión, ha comenzado a conformar su tablero político y distribuye cargos entre bastidores, algunos de los cuales ya se dan por sentenciados, como el del expresidente del Banco Central Henrique Meirelles, como ministro de Hacienda.

El Vicepresidente, de 75 años, también tantea la presencia en su eventual Ejecutivo de algunos exministros de Rousseff, como Eliseu Padilha o Wellington Moreira Franco.

Temer trabaja para definir las líneas maestras de su posible programa gubernamental, que, según un documento obtenido por el diario O Globo titulado la ‘Travesía social’, prevé la privatización o concesión “de todo lo que sea posible”.

Oposición

La oposición señala que la Presidenta cometió un “crimen de responsabilidades” al ejecutar unas maniobras fiscales para maquillar las cuentas de 2014 y 2015, al modificar los presupuestos a través de decretos y acumular deudas y contratado créditos con la banca pública, lo que está prohibido por la legislación vigente.

El Gobierno admitió que hizo estas operaciones contables, pero insistió en que no suponen un “delito de responsabilidades” y por tanto no sirven de argumento para iniciar un juicio legislativo en su contra.