El potente movimiento telúrico mató al menos 660 personas y dejó más de 30.000 damnificados, según cifras oficiales, así como pérdidas millonarias en zonas turísticas de las provincias de Manabí (oeste) y Esmeraldas (norte) en la costa del Pacífico ecuatoriano.

"Estamos avanzando bien y rápido. Antes de un mes cuántas cosas se han hecho y seguiremos en este esfuerzo para, pese al dolor de los fallecidos, los heridos, los mutilados y los huérfanos, continuar construyendo la Patria nueva, continuar con la vida", dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa.

Según el mandatario, el terremoto dejó cerca de 7.000 edificaciones destruidas y más de 2.700 afectadas, además de cuantiosos daños en vías y carreteras.

A su vez, la Secretaría de Gestión de Riesgos informó que 560 escuelas resultaron afectadas, de las cuales 166 sufrieron daños medios y graves.

De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), al menos 120.000 niños resultaron afectados por el desastre natural.

Aunque la evaluación final de daños y el costo real de la reconstrucción se conocerán a inicios de junio próximo, un comité creado por el gobierno y liderado por el vicepresidente, Jorge Glas, trazó una hoja de ruta para acelerar la segunda fase luego del desastre.

La primera consistió en la búsqueda y rescate de personas, además de crear refugios para los afectados, que según el gobierno funcionó gracias a la solidaridad internacional y del pueblo ecuatoriano.

"No estamos esperando terminar una fase para empezar otra, tenemos una hoja de ruta rápida en la que todas las etapas corren en paralelo, y también arranca el plan maestro de reconstrucción", dijo el vicepresidente.

Indicó que se trabaja en tres ejes: la reconstrucción de la infraestructura pública-productiva (aeropuertos, puertos, carreteras, servicios y educación); el diseño de un plan maestro urbanístico con estudio del suelo; y construcción de viviendas para los damnificados.

Se trabaja también en la reactivación productiva y generación de empleo en zonas afectadas con la banca pública y privada, además de que el gobierno utilizará la mano de obra de trabajadores de las mismas zonas para generar empleo.

Según expertos, la reconstrucción de estas zonas afectadas no será a corto plazo.

"En el caso de Ecuador, el proceso de recuperación de un evento como este no podemos pensar que es en el plazo de un año", expresó el coordinador de la Unidad de Desastres de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Omar Bello.

Este organismo, junto a expertos de la ONU, trabajan con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en la cuantificación de daños, pérdidas e impactos del terremoto.

Trabajan además en el levantamiento de información sobre las necesidades para la reconstrucción, priorizar intervenciones y delinear políticas públicas a largo plazo.

El terremoto redujo también a escombros hoteles, centros comerciales populares y edificios públicos que colapsaron debido a la fragilidad de sus construcciones, según el gobierno.

Un estudio oficial determinó que en Manabí, donde fue el epicentro, 70 por ciento de las viviendas eran vulnerables, registraban materiales débiles y presentaban fallas.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ha evaluado hasta ahora la estructura de 5.956 edificaciones afectadas: 2.405 en Manabí, 2.392 en Esmeraldas y el resto en la provincia costera de Los Ríos, además de Santo Domingo de los Tsáchilas (noroeste), también afectadas pero en menor grado.

"La evaluación estructural determina la habitabilidad de las edificaciones y tiene como objetivo precautelar la vida de las personas", dijo la titular del ministerio María Duarte.

Esta entidad empezó a delinear el Plan Maestro de Reconstrucción con estudios del suelo y previsión a posibles tsunamis o mareas con asesoramiento de especialistas de universidades como Oxford y Harvard, además de urbanistas y geólogos, entre otros profesionales.

Se considera también ajustar las normas de construcción vigentes, que aunque son rigurosas, fueron establecidas con información anterior al terremoto de abril pasado, indicó Duarte.

"Es probable que lleguemos a exigencias mucho mayores para el estudio de suelos y diseñar soportes adicionales. Tenemos que cambiar la forma de construir", apuntó.

El gobierno atribuye a las malas construcciones las centenas de muertos dejados por el sismo, lo que abrió un gran debate y llevó a que la Fiscalía del Estado inicie una investigación por pedido del presidente Correa para establecer responsabilidades.

"Sería necio afirmar que un sismo de la magnitud del que vivimos no dejaría consecuencias, pero pudieron ser menores si se hubieran respetado las normas de construcción que existían, pero no se respetaron", dijo en su momento el mandatario.

Correa ha recriminado que se hayan construido casas muy precarias, no antisísmicas, sin estudios del suelo y sin servicios básicos, además de que no haya habido un control de los municipios.

A su vez, el fiscal general Galo Chiriboga, recorrió el pasado 12 de mayo la zona cero en el barrio Tarqui en la ciudad de Manta en Manabí, donde recolectó muestras de las edificaciones afectadas.

En tanto, la decana de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central de Ecuador, Cecilia Flores, dijo a Xinhua que los daños deben ser motivo para reflexionar sobre el perjuicio que causa la construcción informal.

"El utilizar arena de mar y posiblemente agua de mar definitivamente deteriora la estructura. Hay que hacer estudios del suelo para que los cimientos sean adecuados, construir con elementos aisladores y disipadores sísmicos", opinó.

Para prevenir futuras tragedias, la Asamblea Nacional (parlamento) aprobó la Ley de Reordenamiento Territorial que permitirá regular el suelo con responsabilidad.

Busca, además, garantizar un crecimiento urbano con acceso a servicios básicos y un hábitat seguro en zonas que no tengan riesgo.

El presidente Correa, quien calcula en unos 3.000 millones de dólares la reconstrucción, ha insistido que será un proceso largo y costoso.

"Esto no es para desanimarnos, no es para alarmarnos, es para ser realistas, eficaces, eficientes, ser pragmáticos. Por eso se adoptaron medidas (económicas) de emergencia para esa reconstrucción", apuntó.

El jefe de Estado logró el pasado 12 de mayo la aprobación en la Asamblea Nacional de una Ley Solidaria para recaudar 1.090 millones de dólares destinados a la reconstrucción.

El aspecto más polémico de la ley es el alza de 12 a 14 por ciento por un año en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que según el gobierno no afectará a los pobres, ya que 90 por ciento de alimentos y 100 por ciento de medicamentos no pagan ese tributo.

Otras medidas son el aporte de un día de sueldo de los trabajadores públicos y privados que ganen más de 1.000 dólares mensuales en base a una tabla de montos de ingresos.

Se incluyen contribuciones por una sola vez de las personas naturales que tengan patrimonios por más de 1 millón de dólares y de las utilidades de las empresas o personas jurídicas.

Las medidas son rechazadas por la oposición, pero han recibido el apoyo ciudadano.

"No es algo que hayamos buscado que nos pase. Lamentablemente la madre naturaleza nos ha golpeado duro y tenemos que apoyar todos el hombro", dijo a Xinhua Juan Chávez, un empleado público de 37 años.

En tanto, el analista económico del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Marcelo Varela, sostuvo que "no va a haber afectación al menos en mayor medida sobre los pobres", aunque realmente esta medida "sí va afectar a la canasta de los ricos".

El alza del IVA no se aplicará a los combustibles, por lo que según expertos la economía local no va a sufrir un impacto inflacionario.

Para tener más liquidez, el gobierno prepara además la venta de activos del Estado como una hidroeléctrica, un banco y dos canales de televisión, mientras que se cuenta con una línea de contingencia de 630 millones de dólares de organismos internacionales.