Guaidó, reconocido presidente encargado de Venezuela por unos 50 países de los 194 que conforman el mundo, nombró entre enero y febrero de 2019 un “gobierno interino” que se sostiene -asegura- en el artículo 233 de la Constitución venezolana, pero el propio texto lo desmiente.

La Carta Magna contempla situaciones excepcionales que no se han dado para que el presidente del Parlamento asuma el mandato en la nación, tal y como procedió el opositor.

“Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional”, señala la Constitución.

De otro lado,  el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció ayer la apertura de una investigación contra representantes de Juan Guaidó en el exterior, por el supuesto cobro de sobornos para “robar activos” en el Caribe.

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Guaidó lleva en el cargo interino un año y ocho meses, sin modificaciones de la Carta Magna, por la cual los decretos y mandatos emitidos por él arecen de efecto.