“La ley fue un punto de llegada”, dijo Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, respecto de la norma que entró en vigencia el 24 de enero último. “Pero también es un punto de partida, hay otra subjetividad, otros mundos, por eso la construcción de la política pública” para que las personas puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), explicó.

Esa política pública incluye la distribución regular de la droga para realizar la IVE, fortalecer a los equipos de profesionales y trabajadores sociales, acompañar a las mujeres cuando llaman a la línea de atención y trabajar a nivel institucional y político para resolver los obstáculos judiciales.

En este contexto, se conoció de la muerte de María del Valle González López, de 23 años, luego de una interrupción voluntaria del embarazo en la ciudad de Mendoza.  Las autoridades investigan el hecho para determinar si la joven fue víctima de una “mala praxis” en la práctica del aborto legal.