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Sebastián Piñera ha marcado varios hitos en Chile: Es el primer presidente investigado penalmente por la Fiscalía por corrupción, el que más ha sorteado escándalos, y la segunda vez que como mandatario enfrenta un pedido de destitución en la historia democrática del país.
Piñera, un político conservador y el cuarto hombre más rico de Chile, está acorralado en dos frentes, tanto por la justicia como por el Congreso con relación al caso de los “Papeles de Pandora”.
Hay que recordar que Piñera es uno de los tres presidentes latinoamericanos en ejercicio salpicados por una investigación internacional que se hizo pública sobre paraísos fiscales y sociedades offshore, junto con el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader.
Sin duda, el momento más complicado para un presidente que llegó al Palacio de La Moneda en 2018, cargo que también ocupó entre 2010 y 2014. Una figura de la denostada combinación de política y negocios.
En la recta final de su mandato y en medio de una campaña política con miras a las elecciones generales a la vuelta de la esquina, el próximo 21 de noviembre, la Cámara de Diputados dio luz verde, el pasado martes, para adelantar un juicio político para destituirlo. Ahora, el proceso pasó en manos del Senado que tendrá la última palabra.
Rosembert Ariza, profesor de Sociología Política Latinoamericana de la Universidad Nacional, recuerda que es el segundo intento de sacar a Piñera del Palacio de La Moneda.
“No se pudo con el estallido social del 2029 y es poco probable que el Senado de mayoría oficialista le dé los cinco votos que le faltan a la oposición para este propósito”, asegura el experto.
En el Senado chileno, integrado por 43 parlamentarios, se necesitaría que dos tercios de sus miembros aprueben el juicio contra el mandatario, es decir 29.
El primer intento de destitución de Piñera se dio en noviembre de 2019, cuando fue acusado de presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de las masivas protestas callejeras contra la desigualdad social, las más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en los años 90.
Ariza señala, que en últimas el proceso de destitución constitucional será un “ejercicio de ajuste para las próximas presidenciales donde posiblemente la derecha salga fortalecida”.
Con ello se refiere a que “la polarización lleva a que la ultraderecha gane más terreno, lo que no creo es que ganen”.
En caso de ser destituido, el ministro del Interior deberá convocar al Congreso para que elija a su sucesor entre cualquier ciudadano, el que deberá completar su mandato que concluye el 11 de marzo de 2022.
En tanto, Piñera no podrá ejercer funciones públicas por cinco años, independiente si son cargos de elección popular o no.
Manto de duda
Una opinión similar tiene Julio Benavides, analista internacional y docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, quien afirma que “así la acusación no prospere, hay evidencias que dejarán el manto de duda sobre un gobierno que encaró una de las crisis sociales más graves del Chile post-Pinochet”.
Ahora bien, Benavides no sabe cuál será el nivel de aceptación y, por otro lado, en qué ámbito quedará más desprestigiado el Presidente chileno y qué efectos prácticos tiene dicho desprestigio.
Si bien considera que el tema sí se constituye en un precedente para el caso chileno con una constitución heredera de la dictadura militar.
El descrédito de Piñera, cuya popularidad no supera el 20 %, se fundamenta en las presuntas irregularidades de la venta de Dominga por 152 millones de dólares por parte de una empresa de uno de sus hijos en Islas Vírgenes Británicas, cuando solo llevaba nueve meses en el poder en 2010, develadas en los “Papeles de Pandora”.
Coyuntura electoral
El juicio político debe interpretarse en un contexto de elecciones presidenciales, analiza por su parte Juan Nicolás Garzón, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.
En esa línea, dice que lo que va a pasar es que las fuerzas políticas, especialmente de la oposición, utilizarán ese juicio para desacreditar su gobierno, ganar adeptos, y además, recoger parte de esa indignación en las urnas.
“Hay un rechazo en contra de la clase política chilena, y una sensación de lo que pasó con los “Papeles de Pandora, no debería quedar en un manto de impunidad, y saberse toda la verdad al respecto, especialmente cuando compromete a un presidente”, explica Garzón.
Además destaca que es un proceso que “se enmarca dentro de una sociedad que ha experimentado alta agitación política” desde hace años, y eso a su juicio, es un factor a tener en cuenta en uno de los países catalogado como “extremadamente” desigual.
En resumen, de este conflicto político dependerá el epílogo del segundo mandato de Sebastián Piñera.
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