Ya no basta con las denuncias de las ONG, y tampoco con el “fortalecimiento” de las entidades del Estado responsables de garantizar ciertos mínimos, como información sobre riesgos inminentes a poblaciones amenazadas o proteger a personas a quienes les han anunciado un atentado.

Pero no es fácil caminar sobre el pasado. Ya casi todo se ha intentado. Y lo que ha fallado no es la agenda, sino que hay quienes, con poder real, se oponen a que la noción de derechos sea la esencia del Estado y de la sociedad. Entre la izquierda y la derecha extremas, y en gran medida, en la cultura popular y de las clases medias, sigue firme la idea de que  hay personas que tienen más valor que otras. Y así no hay caso.

Un primer problema es el tipo de reformas y políticas que se deben adoptar y cómo. Llevamos varios años tratando de concertar entre el Estado y la sociedad civil un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. No se pudo durante el gobierno Uribe, porque las ONG no lo consideraban un interlocutor válido. Puede que ahora se logre. Sin embargo, si se suscribe, sería un pacto entre actores de antemano comprometidos (estatales y de la sociedad civil).

Se requiere adoptar planes nacionales, planes territoriales y planes sectoriales. Y trascenderlos. Para entrar en la lógica de quienes influyen desde sus posiciones de poder en la sociedad y dentro del Estado en políticas de seguridad y políticas económicas que no respetan los derechos.  Políticas como la implementación de la Ley de Reparación a Víctimas y Restitución de

Tierras. La parte material de esta ley (indemnizaciones y titulaciones), es importante, pero claramente insuficiente. La oportunidad para hacer de ella un instrumento genuino de reconciliación pasa por múltiples desafíos de gran envergadura. Se requiere construir Estado legítimo, participación social y política democrática, oportunidades de progreso individual y colectivo sostenible y múltiples logros estructurales, para que las víctimas, como ciudadanos y ciudadanas plenos de Colombia, superen su condición.

Políticas como la superación de la impunidad en grandes casos de violaciones masivas a los derechos humanos, como asesinatos y amenazas de sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes de las víctimas, desapariciones masivas, ejecuciones extrajudiciales, masacres y otros crímenes perpetrados por aparatos organizados de poder. Como la depuración y nueva doctrina de las FFMM y la implementación de la Ley de Seguridad  e Inteligencia.

En los que se juega nada menos que la raíz de los problemas de paramilitarismo y desconocimiento de las leyes por los estamentos castrenses. O el aprendizaje de las lecciones de la Ley de Justicia y Paz, para garantizar los derechos de las víctimas en proceso de paz y justicia transicional por venir y el fortalecimiento del proceso de memoria histórica sobre el conflicto armado, que viene proponiendo una camino para la verdad, un bien nunca alcanzado en el país.

Y finalmente, una verdadera política de educación, comunicación y cultura para la apropiación de los derechos en las elites, los funcionarios, los líderes populares y la ciudadanía. Y un posible acuerdo sobre la medición de derechos humanos y el acceso libre a esa información.

O mantener la garantía de los derechos sociales a través de la Acción de Tutela. O seguir avanzando en los derechos étnicos y territoriales de indígenas y afrocolombianos, con todas sus implicaciones culturales y de protección ambiental.