Desde la Constitución del 91, la Reforma fundamental de la Justicia ha sido una imperiosa necesidad. Nos ilusionó el empeño del presidente Santos por realizarla, pero anticipamos serias dificultades en el trámite del Congreso, pese a la consistente mayoría de la unidad acordada por los diversos partidos que la realizaron y con la que fueron aprobados proyectos de gran trascendencia para el país. Lo que no llegamos a imaginar, fue que magistrados y congresistas armaran un condenable contubernio para introducirle cuantas modificaciones favorecieran los intereses particulares y los públicos de unos y otros.

El proyecto inicial del Gobierno, según el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, que lo preparó sobre directrices del Presidente, contemplaba lo esencial para mejorar una correcta y una eficaz administración de justicia, inclusive la desactivación del Consejo Superior de la Judicatura, porque provoca continuos choques de trenes en el organismo judicial y con otras entidades del Estado.

Despojado de su función más importante, que era dirimir las colisiones de competencias principalmente de la Justicia Penal Militar y la ordinaria, pasó a ser un organismo vegetativo y politizado.

Además que, a lo largo de los debates del Congreso, se fueron cercenando puntos importantes del proyecto original y agregado otros de conveniencia para magistrados y congresistas, en una especie de trato desvergonzado de yo te doy pero tú me das. El periodo de los magistrados se extendió de ocho a 12 años, las edades de retiro se elevaron a los 70 años, se le arrebató a la Fiscalía a la atribución de investigar ilícitos de los 'honorables' congresistas, se resucitó la inmunidad parlamentaria ingrata recordación, en fin se desfiguró de tal manera el proyecto del gobierno, que el Presidente de la República se sintió en la obligación de objetar la versión final y devolver el engendro al Congreso por razones de institucionalidad e inconveniencia para la Nación.

Cuando parecían dadas las condiciones para efectuar una real modificación de una justicia inoperante, con miles de procesos a la espera de fallos y de decisiones sobre juzgamientos, magistrados y congresistas introdujeron cuantas modificaciones les resultaban favorables, hasta convertir el proyecto en una colcha de retazos y desembocar en una etapa de conciliación, donde el caos se hizo inmarcesible, con orangutanes vergonzosos que, gracias al cielo, finalizó con el archivo del adefesio.