La lección con lo ocurrido en los últimos intentos de reforma es que las grandes reformas estructurales del país requieren de un nuevo esquema de la democracia.

La indignación ha surgido como una respuesta civilizada a los fenómenos de corrupción, le ha permitido al pueblo revalorizar el poder popular y por esta vía exigir cambios.

Ejemplos existen alrededor de todo el mundo: los indignados en España, primavera árabe en el Oriente medio, por citar solo dos.

Los movimientos de ciudadanos indignados están cambiando la relación de poderes y haciendo realidad el principio del poder soberano del pueblo.

La indignación está dando origen a un movimiento que está dispuesto a combatir regímenes que consideran infestados por la corrupción y la degradación de las costumbres políticas, tanto en el sector público como en el sector privado.

La indignación de los estudiantes universitarios en contra de la reforma a la educación superior logró frenar un proyecto que según los estudiantes y muchos académicos atentaban contra el derecho a la educación.

El jueves anterior se materializó los resultados de la presión popular en contra de la reforma a la justicia al archivarse el proyecto de acto legislativo.

En los casos mencionados se puede afirmar que la opinión ciudadana prevaleció sobre aquellos criterios que se consideraron nocivos para la nación.

No hay duda, predominó el poder popular sobre el interés particular de quienes ostentan posiciones de poder público. La opinión ciudadana prevaleció sobre aquellos criterios que se consideraron nocivos para la nación.

Así púes, existe un poder ciudadano que día a día se fortalece y que por lo tanto requiere de un mecanismo de participación ciudadana que conlleve a un nuevo enfoque de la democracia.  

Así como se pasó de la democracia representativa a la democracia participativa, la democracia deliberativa deberá irrumpir en los sectores sociales y políticos.

La democracia deliberativa busca complementar la noción de democracia representativa al uso mediante la adopción de un procedimiento colectivo de toma de decisiones políticas que incluya la participación activa de todos los potencialmente afectados por tales decisiones, y que estaría basado en el principio de la deliberación, que implica la argumentación y discusión pública de las diversas propuestas.

Esto evitaría el factor común de los fenómenos de indignación: la reacción ciudadana a los atropellos de quienes toman las decisiones, “Las decisiones sólo pueden ser legítimas si llegan como consecuencia de una deliberación pública por parte de la ciudadanía”.

La deliberación se basa en considerar los intereses ajenos y de las minorías. Al tomar una decisión política, esta deberá hacerse mediante el consenso y no bajo la institución del voto.

La deliberación obliga a que los actores digan públicamente las razones que soportan cualquier decisión, por lo que aquellas que se consideren injustas quedarán excluidas del debate político, “precisamente por ser socialmente inaceptables”.