A raíz de la masiva participación ciudadana que obtuvo como positivo resultado el fracaso anunciado de ese esperpento mal llamado Reforma de la Justicia, se puso en evidencia una verdad sabida por todos: la inconformidad con este servicio es colectiva, tanto en términos de calidad, como de oportunidad.

Y es que el país se está acercando a los casi tres millones de procesos de toda índole, “estancados”, como lo ha venido repitiendo la Directora de la Corporación para la Excelencia de la Justicia, con el reconocimiento de la novísima Ministra de Justicia y la certificación del Banco Mundial, que ubica nuestro sistema judicial en el séptimo más lento del globo y el penúltimo en Latinoamérica, apenas sí superado por Haití, país injustamente afectado por toda suerte de desgracias.

Tal estancamiento es consecuencia de una estructura procedimental caduca, cada vez más distanciada de la realidad socio-económica del país, así como de los adelantos tecnológicos propios de los tiempos que discurren, fruto de los remiendos que de cuando en cuando se le hacen al sistema, al punto que el tiempo promedio en el que aquí se resuelven los litigios, supera en exceso los términos que prescriben las normas vigentes, de por sí generosos y dilatados.

Todo ello con el obvio detrimento del normal discurrir de la sociedad en su conjunto, que desespera al no advertir que algo “serio” se esté haciendo para poner a la justicia en consonancia con los requerimientos de eficiencia y eficacia de la hora presente.

Dramática circunstancia a la que los estamentos que gobiernan el sector, encabezados por el exministro Juan Carlos Esguerra, no quisieron dar respuesta pues, irresponsablemente, apenas sí esbozaron algún paliativo en otro fragmentario e inane proyecto plagado de “micos”, que recibió “entierro de tercera”,  acentuando la perdida de respeto institucional a esta rama del poder público.

Desconociendo una vez más que la justicia, dada su circunstancia, está demandando una reforma de “naturaleza sistémica”, es decir que la abarque en su integridad; pensada con visión holística, con miras a obtener su “calidad total”, ya que es “el sistema” en su conjunto el que determina cómo se comportan cada una de sus partes y no a la inversa: ¡Y es el sistema el que no marcha!

La educación ciudadana, el conjunto normativo que parte de la Constitución -tutela incluida-, la abolición de todos los regímenes diferenciales vigentes, los funcionarios dotados de jurisdicción para resolver los problemas como alcaldes, personeros municipales, inspectores de todas las pelambres, autoridades de tránsito, la policía, los notarios, las oficinas encargadas de los diferentes registros, los entes de control, los jueces de los diversos niveles, la fiscalía, los diferentes magistrados de los varios tribunales, cortes y los Consejos de Estado y Superior de la Judicatura, su formación profesional y ética, el aparato penitenciario, su régimen administrativo, sus presupuestos equipos y dotaciones, las leyes, la academia en la que sobresalen las facultades de Derecho de las diversas universidades, los medios de comunicación y la educación ciudadana en general, entre otros, conforman los insumos de tal sistema y hacen parte integral de él, y esto es lo que hay que reformar integralmente.   

El fraccionamiento para estudiar y tratar de componer cada una de las partes del aparato de justicia de manera aislada solo lleva a la pérdida de información preciosa para la comprensión, tanto del problema, como para su estudio operacional, cosa que no ocurriría si se abarcara el fenómeno en su totalidad.

Así las cosas -y de eso estamos ciertos-, una errónea visión de las falencias que presenta el sistema, como la que tienen sus, solo va a reproducir el panorama que se observan, de una justicia que no da respuesta adecuada a la sociedad, agravando la situación y acercándonos, inexorablemente, cada vez más a un grave caos institucional.