Eso es todo lo que dice aquella ley sobre la Rama Judicial, porque se trata de una norma general sobre “los criterios para fijar el régimen salarial de los empleados públicos…”. Es más: se trata del parágrafo a un artículo sobre un tema distinto, y por lo mismo tiene mucho sabor a “mico”. País de leguleyos.    

Es peor: la ley que invocan los huelguistas en realidad no dice nada ni obliga a reajustar nada. Se limita a exigir que se atiendan “criterios de equidad”, y esto puede entenderse de mil modos – incluyendo una rebaja de salarios para que sean menos desiguales. De modo pues que los jueces de Colombia se escudan en una cruda leguleyada  para un lucha que puede ser legítima pero no tiene base jurídica ninguna. País del mal ejemplo.   

Los trabajadores están en el derecho de exigir que mejoren sus salarios, y para eso se inventó el sindicalismo. Pero si son trabajadores del Estado y si además reclaman “equidad”, los ciudadanos que pagamos sus salarios tenemos el derecho a preguntarles: equidad ¿respecto de quiénes o de qué?

- El criterio más justo sería que los pagos correspondieran a los resultados o al valor añadido de cada trabajo. Pero sí así fuera, y para no alargarme, la justicia en Colombia no se gana su sueldo: no tenemos justicia.

- El criterio más técnico sería reajustar los salarios a medida que aumenta la productividad de los trabajadores. Pero Asonal pide que se tripliquen o se dupliquen los salarios de un golpe, sin la menor garantía de que así se mejoren los servicios.

- El criterio más sano sería nivelar el pago de los jueces y demás operadores de justicia con el de otros profesionales del Estado (los maestros o los médicos, digamos). Pero resulta que los señores de Asonal ganan dos  otras veces más que sus pares en otras dependencias oficiales.     

- Y el criterio efectista es repetirnos que los altos magistrados ganan 24 ó 19 millones (sin contar arandelas) porque el Gobierno sí los reclasificó. Pero resulta que un abuso no justifica otro abuso, y que los magistrados abusaron del poder para ponerse esos sueldos.

Lo cual nos trae al tema verdadero: lo que hay detrás de los salarios de los altos funcionarios no son las normas legales sino el poder que ellos tengan. Por eso en todas partes los congresistas, los mandos militares, los magistrados o los trabajadores petroleros tienen tantas prebendas.  

El paro judicial es una lucha de poder que uno puede apoyar o no apoyar. Pero eso sí: el sindicato debe responder por los daños injustos que ocasione a terceros. Que Asonal haga el paro e indemnice a los millones de afectados por la inoperancia (adicional) de la justicia. Así se haría, por ejemplo en Holanda, y así ha de hacerse en un país “equitativo”.