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Esa advertencia hizo recordar la expresión intimidatoria de Santiago Medina cuando, en vísperas de su captura por participar como tesorero en la financiación ilegal de la campaña presidencial de 1994, precisó que su lealtad iría hasta que pisara la puerta de la cárcel. Mientras que en este caso la confesión dio lugar al Proceso 8000, del mencionado ahora nada se sabe, ya que lo hizo cuando iba a ser imputado en la Fiscalía. Seguramente se “salvó el país” pues la investigación se ha ido esfumando en la noche de los tiempos.
Esta es una de las mayores tragedias de Colombia: decir las cosas a medias porque al parecer le tenemos pavor a la verdad. A veces los medios destapan “escándalos” sobre cuyo desarrollo y final nada se profundiza. Parafraseando al profesor López de Mesa se diría que así se ha “deformado” la nación colombiana. A menudo oímos que “si se destapa toda la verdad, el país se derrumba”. ¿Por qué no fue posible llegar a quienes instigaron la Violencia partidista que dejó 300.000 muertos y miles de desplazados? ¿Ni conocer los nombres de quienes inspiraron, financiaron y armaron el genocidio contra el partido político Unión Patriótica?
¿Podremos saber -o las futuras generaciones, cuando los actores estén muertos- qué pasó el 19 de abril de 1970, de tan desastrosas consecuencias políticas? ¿Por qué no se ha desenredado el ovillo del paramilitarismo, en apariencia creado para combatir a la guerrilla pero que terminó cometiendo las peores masacres en este país? ¿Quiénes lo financiaron? ¿Quiénes desde el Estado facilitaron su accionar?
Si se aceptó que se aplicaran suaves penas a los jefes paramilitares que en “Justicia y Paz” contaran toda la verdad, ¿por qué no ha visto la luz pública lo que aún sin consecuencias judiciales o políticas se alcanzó a recopilar en esos expedientes?
Y ahora que por escabrosos testimonios se revive el tema de oficiales partícipes en hechos horripilantes, ¿por qué no ha sido posible saber cómo surgió la criminal idea conocida con el eufemismo de “falsos positivos”? ¿O que se conozca toda la verdad sin reparar en quiénes resulten afectados?
Y sobre el holocausto del Palacio de Justicia en 1985, ¿por qué no se ha conocido quién realmente ordenó retirar la vigilancia para facilitar la acción del M-19 y que pudo llevar a la teoría de la “ratonera” mencionada por la Comisión Investigadora de la Corte Suprema? ¿Por qué tanto miedo a la verdad si esta importa más que la cárcel? ¿Se teme que caiga una que otra estatua de barro? ¿Por qué seguir con los “escándalos” a medias?
De alguna manera, esa fue la razón para que aceptáramos la JEP como mecanismo judicial para superar el conflicto armado y sé que hay magistrados probos y valientes. Pero el tiempo se acorta para que de allí salga la tan anhelada verdad, por ejemplo, de todos los crímenes de las Farc incluido el imperdonable caso de la bomba del Nogal.
Ojalá pronto empezaran a producirse resultados en materia de verdad. Lamentablemente lo percibido hasta ahora, como escribió María Isabel Rueda, es que los condenados acuden a la JEP solo como estrategia para obtener la libertad, sin que a cambio la sociedad conozca la verdad. Incluso algunos, desde todos los extremos del conflicto, llevan ya buen tiempo libres sin ninguna contribución para esclarecerla.
Lo más grave es la laxitud con que a veces se interpreta el concepto de “conexidad”: por ejemplo, aceptando que quienes corrompieron a funcionarios judiciales, incluso a magistrados, lo hicieron al fragor de la confrontación armada.
Recuerdo que hace años en un conflicto de competencias el Consejo Superior de la Judicatura envió a la Justicia Penal Militar una denuncia por violencia sexual contra un coronel, argumentando ¡que había actuado con el uniforme puesto! La JEP aún le puede prestar al país el gran servicio de ponerlo frente a su verdad. Y no ocultarla más.
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