¿Escándalo farisaico?

En un plano puramente populista, siempre da réditos atacar a una institución tan desprestigiada como el Congreso. Resulta políticamente rentable quejarse de su tamaño, de sus integrantes, de sus actos de corrupción, y hasta su existencia misma.

No es difícil ganar elecciones enarbolando esa bandera que, aunque efectista, encarna un sofisma de distracción. Nadie puede justificar los abusos del Parlamento. Pero, a pesar de los varios escándalos de los legisladores, en la democracia un Congreso es necesario.  

Colombia vivió 10 años sin rama legislativa después de que el gobierno de Ospina Pérez cerrara arbitrariamente el Capitolio en 1949. ¿Acaso en esos años no se presentaron impresionantes casos de corrupción en el Ejecutivo y en el Poder Judicial sin control alguno?

La corrupción nada tiene que ver con los sueldos de los parlamentarios, ni con el periodo de sus mandatos, ni con si el Congreso es unicameral o bicameral. Aún así, millones de ciudadanos cayeron en ese engaño y votaron la populista consulta anticorrupción, en la que extrañamente se dejó “embarcar” el presidente Duque. Es fácil jugar con esas emociones para explotar la indignación popular. Pero, como solía decir López Pumarejo, “por ahí no es la cosa”.

Esta historia es muy diciente. Por mucho tiempo los congresistas ganaban solo unas “dietas” por asistencia a las sesiones. En 1968, durante el gobierno de Lleras Restrepo, a los parlamentarios se les otorgó un sueldo anual permanente como compensación por haber sido despojados de la iniciativa en materia presupuestal y económica.

Y en la Constituyente de 1991, para que se tragaran el “sapo” de su revocatoria, se ordenó una revisión anual del sueldo de los congresistas para evitar que estos tuvieran que aumentarse sus propias dietas aprobando “micos” cada cierto tiempo. 

En su artículo 187, la Constitución -a la que tanto se alaba- estableció que: “La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”. Si cabe algún reproche sobre la materia, este tendría que ir dirigido a los setenta constituyentes que redactaron el artículo.

Este debate hay que darlo, pero en el terreno de la equidad en los ingresos. La discusión debe abarcar no solo a los congresistas, sino a miembros del Ejecutivo y del poder judicial y, por qué no, del sector privado. Debería plantearse una ley general de ingresos, buscando la equidad. No es posible, por ejemplo, que un juez municipal gane alrededor de cinco millones y un magistrado se gane treinta y cinco. Y esa comparación se puede extender a todas las ramas del poder. Mucho más ético sería afrontar ese debate con seriedad, que caer en actos de populismo ramplón como “regalar” el aumento del sueldo, o exigir a Duque que no cumpla la Constitución.