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Ha pasado de todo: las tradicionales marchas, legítimas en toda democracia para expresar descontentos; el aprovechamiento de delincuentes para cometer saqueos y atentados contra la propiedad; la intervención de grupos al margen de la ley que utilizan la agitación para sus propios intereses; heridos, muertos y desaparecidos en proporciones que nunca se habían dado en estas protestas; dramáticas y crueles escenas difundidas por las redes sociales, en que hemos visto homicidios en directo, cometidos en medio de la revuelta por miembros de la fuerza pública, así como por intervinientes en las marchas contra jóvenes patrulleros de la Policía -algunos de los cuales se salvaron de milagro de morir quemados en un CAI- o contra el Capitán Solano en Soacha, bárbaramente asesinado a puñal.
Grupos armados de civiles en un barrio de Cali disparando a los integrantes de la Minga Indígena, al parecer como reacción a un ataque contra sus propiedades; injustificados bloqueos de vías que han generado no solo desabastecimiento sino afectación en los servicios de salud, programas de vacunación, y en la circulación de las ambulancias; irresponsables aglomeraciones sin protección, a pesar de la amenaza de la pandemia que cada vez cobra más vidas; y, como siempre, centenares de detenidos.
Esta explosión social se da en medio de las reveladoras cifras que el honesto director del Dane publica sobre el aumento de la pobreza y la desigualdad.
Claramente, la causa principal de la revuelta no fue la presentación de una inconsulta reforma tributaria, ya retirada.
Esta especie de catalizadores solo sirvieron para que salieran a relucir los eternos problemas de desigualdad e inequidad en la distribución del ingreso, desajuste institucional, una democracia formal y puramente electoral, informalidad en el empleo, altísima tasa de desempleo de mujeres y jóvenes, y falta de oportunidades para acceder a la educación pública de calidad; impunidad política judicial y social frente a la gran delincuencia de cuello blanco, fallas estructurales en la organización del Estado, abandono de las regiones, desconexión entre las élites políticas y las angustias de la gente, entre otros temas.
Ya desde las peticiones del 2019, se comentaba que resolverlas suponía la acción de varios gobiernos. Pero lo importante es el llamado a la atención. El país no puede seguir como está. Los gremios lo dicen; el reconocido empresario Julián Domínguez, Presidente del Consejo Gremial Nacional, señala que “el empleo para los jóvenes debe ser un capítulo especial de los diálogos”. Obvio que la violencia no es el camino.
Los bloqueos no conducen sino a exacerbar los ánimos. Las armas usadas por los civiles pueden ser germen de otra modalidad del paramilitarismo. Los jóvenes se equivocan al tratar a los policías como enemigos, cuando son también hombres del pueblo. Sé que la cúpula de la Policía no autoriza los abusos de algunos de sus miembros que hemos visto en las imágenes: esos excesos deben castigarse con rigor, pero no comprometen a toda la institución. No podemos por lo demás, incurrir en el permanente error de emplear el Código Penal para regular las tensiones sociales en la Nación.
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