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Buena parte de las absurdas guerras civiles en el siglo antepasado terminaron con amnistías o indultos. La más cruenta de todas, la Guerra de los Mil Días entre liberales y conservadores. En ella hubo reclutamiento de menores, ajusticiamientos, homicidios fuera de combate, incendios y saqueos, ese conflicto acabó con un “acuerdo” entre los combatientes.
La fatídica época de la violencia libera-conservadora en la segunda mitad del siglo XX, que dejó un saldo de trescientos mil muertos, miles de desplazamientos e incontables escenas de horror, terminó con el pacto de impunidad política y judicial que conocemos como el Frente Nacional en 1957.
Y los “paros”-con la excepción del de 14 de septiembre de 1977, impulsado por una central sindical y un sector del Partido Conservador contra López Michelsen- incluidas las “marchas cocaleras” han terminado con una serie de “acuerdos” cuyos incumplimientos se pasan de un gobierno a otro, sin realizar plenamente las promesas.
Lo que ahora se está viviendo es una herencia de todos los conflictos anteriores. Más allá de los programas de gobierno o de los planes de desarrollo, se dejó avanzar el cáncer de la desigualdad social, la concentración del poder en unas cuantas familias y la inequidad en la distribución del ingreso.
Ayer y hoy, sigue siendo válido buscar el diálogo para la solución del conflicto. Como decía con frecuencia el maestro Darío Echandía, “es mejor que los pueblos se entiendan echando lengua y no echando plomo”. Pero hoy, la pregunta es: ¿diálogo para qué, y con quién?
Nadie puede pensar ni exigir que en días o en meses se resuelvan los problemas aplazados por siglos. Hay cosas que no pueden cumplirse como el retiro total de la Fuerza Pública cuando estén en riesgo la seguridad de los ciudadanos y de los propios manifestantes.
Puede ser si el comienzo de un nuevo “pacto social”, con temas como la salud, la educación, la inclusión y el advenimiento de nuevas fuerzas sociales y políticas. Aquí sí cabría la expresión de la búsqueda de la creación de un “nuevo país” para jóvenes estudiantes y trabajadores, con igualdad en todos los órdenes incluido el género, pero no de manera puramente formal sino real.
Que sea una Nación de verdad y no creada sobre la mentira como hasta ahora. Que salgan a flote todas las realidades históricas ocultas. Que se acabe con la impunidad política y social. Que no siga haciendo carrera la frase que el país no toleraría ciertas verdades porque se caerían las estatuas -las de carne y hueso- y no las inertes que se están derribando. La fórmula de la Constitución del 91 de pasar de la democracia representativa a la participativa no ha dejado de ser un mero enunciado sin desarrollos.
Se equivoca en materia grave el Presidente si sigue creyendo que ese diálogo se debe hacer con los eternos protagonistas de la política electoral, algunos de ellos responsables de haber dejado llegar las cosas al estado actual.
En una columna hace dos meses, sugerí la necesidad de un gran diálogo con los obispos de las regiones más afectadas por la violencia, la pobreza y los conflictos. Un poco tarde se acude a la útil colaboración de la Conferencia Episcopal.
El diálogo debe hacerse, desde luego, con los organizadores del paro -a quienes Dios quiera no se les haya salido de las manos y que puedan poner fin a los bloqueos que están afectando a toda la población- pero también con los jóvenes que irrumpen en la política -a quienes no se les puede calificar genéricamente de vándalos- las organizaciones sociales, los empresarios, los campesinos, los productores del agro, la academia, las organizaciones de mujeres, la comunidad LGTBI y los mandatarios regionales.
No es el momento para un nuevo “Frente Nacional”, uniendo a políticos que hoy se insultan y mañana se abrazan efusivamente.
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