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Ya es voz populi la incidencia de ‘don dinero’ en la política. A pesar de la existencia de los topes, que nadie controla, es excepcional, que alguien gaste en su campaña menos de lo que se va a ganar en los cuatro años de ejercicio.
Bastaría que, en cada elección, el Consejo Electoral sumara vallas, cuñas, gastos en manifestaciones, pagos en medios y asesores de prensa para que se pudiera detectar esa violación de los topes. Algo parecido podrían hacer la Dian, la Uiaf, y la Superintendencia Financiera para identificar los borbollones de efectivo que se mueve en las campañas. En el caso de la ‘Casa Blanca’, todo se pudo documentar.
Los caciques Char y Gerlein, no solo compartían, según parece, el juvenil, juguetón y esquivo corazón de la bella senadora, sino sus gastos de campaña. Solo para el Senado del 2018, entre las dos ‘castas’ le aportaron más de 18.000 millones de pesos para gastos de campaña, que comprendían la compra de votos.
Asumiendo que un congresista –sin tener en cuenta los gastos personales y familiares normales– se gane 500 millones de pesos al año, en los cuatro devengaría, $2.000 millones. Y ¿cómo va a reponer, mirando solo este caso, los $16.000 millones restantes? No es difícil advertirlo.
Este ejercicio es aplicable prácticamente en todas las regiones del país. Y estas conductas ya están tipificadas penalmente. Ahí reside la fuente de la corrupción del sistema político. Por ello, si realmente queremos cambiar eso que denominamos la forma de hacer política, hay que hacer –ya no para esta elección– un cambio estructural en el sistema político y también en el social y económico.
¿Por qué no nos preguntamos las causas por las que algunos ciudadanos venden su voto, única herramienta que les da la democracia para influir en la formación de los órganos de decisión política?
Murillo Toro, presidente y pensador del radicalismo liberal, desde mediados del siglo XIX señalaba que ninguna reforma política producía efectos si previamente no se tocaba la estructura económica y social. Por eso, a pesar de las tantas “reformas políticas” que hemos tenido, casi nada ha cambiado.
¿Por qué un votante no vende su voto en los EE. UU., Francia, Alemania, España o en general en los países en los que el sistema, casi siempre la socialdemocracia en los regímenes capitalistas, les han resuelto las necesidades básicas a sus habitantes?
Claro, hay unas causas adicionales que estimulan la compraventa electoral que altera sustancialmente el sistema democrático.
La circunscripción nacional para Senado, no solo ha aumentado los costos, en la medida en que el candidato tiene que rebuscarse los votos en todo el país, en ocasiones, hasta comprar líderes, igualmente debe contratar gerente, asesor político, contador, jefe de prensa y hasta maquilladora, sino que ha dejado sin representación a casi medio país.
Antes de esta equivocada innovación de la Constitución del 91, todos los departamentos tenían su representación en el Senado. Ahora hay departamentos como Caquetá, San Andrés y Providencia, Chocó, Quindío, la Guajira, Putumayo y todos los de la media Colombia, que no tienen senador.
En cambio, por ejemplo, el Atlántico, que no es de los de mayor población, tiene más de diez. Solo Sahagún, en la época de los ‘Ñoños’ llegó a tener más de cinco senadores. Es bienvenida la propuesta del candidato David Luna de volver al Senado regional y dejar la circunscripción nacional solo para las minorías.
Y complementa el anterior panorama, el desmantelamiento de los partidos y su hermana gemela, las listas abiertas en las cuales cada renglón es una campaña y no hay identidad ideológica alguna entre quienes la conforman. La solución es la lista cerrada con mecanismos de democracia interna en los partidos –cuando vuelvan a existir–.
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