Para combatir la corrupción

Como casi en todas las elecciones habrá una que otra sorpresa, alguien que se destaque como outsider desde el terreno de la anti política, unas cuantas caras nuevas –probablemente no más de la tercera parte– reencarnaciones de castas políticas en parientes o en cuerpo ajeno, y unos cuantos ‘quemados ilustres’ en el respectivo pabellón.

Lo esencial, las elecciones a Congreso se marcarán por las estructuras políticas clientelistas –voto amarrado– que no dan mucho margen de sorpresa. En otro país, o en la Colombia de antes, un hecho bochornoso como el de un senador del partido Liberal y que aspira a la reelección, involucrado en una red amplísima de corrupción, produciría un terremoto dentro del partido que lo avaló al que se le pedirían cuentas. Lo que han mostrado los medios es un muy serio trabajo de la Fiscalía, que desnuda lo que es todo un entramado de corrupción originado en el sistema político. No va a haber ningún costo político para quien lo avaló, ya que habrá la socorrida respuesta de que hay que respetar el principio de la presunción de inocencia.

Aun cuando después la Corte lo llame a rendir cuentas, ya para entonces, el director del liberalismo, ‘sacará pecho’ para sumar a su ‘arsenal electoral’ los votos así conseguidos.

Si en verdad se quiere combatir el fenómeno de la corrupción, el próximo gobierno tiene que asumir, desde el primer día, la gran tarea de una reforma estructural del Estado y de la política.

Aun cuando formalmente existe la división de poderes, es indispensable crear las condiciones y tener la voluntad política de volverla real. Por la vía del clientelismo –reparto de puestos y contratos– el Congreso se volvió un apéndice del Ejecutivo de turno.

En 1998, el Partido Liberal perdió la presidencia con Horacio Serpa, pero mantuvo la mayoría en el Senado. Sin embargo, con puestos, el nuevo presidente, con el concurso de los liberales ‘lentejos’ que habían fundado Cambio Radical, volteó esas mayorías y el 20 de julio logró que el conservador Fabio Valencia fuera elegido presidente del Congreso.

Y cuando Uribe fue elegido –gracias al fracaso del proceso del Caguán y a su slogan de lucha contra la corrupción y la politiquería– no tenía más del treinta por ciento del Congreso. A los pocos meses, era dueño de las mayorías en el Parlamento hasta el punto de conseguir que le aprobaran el cambio constitucional que le permitió reelegirse de manera inmediata.

Un presidente en Colombia puede ser elegido sin apoyo parlamentario, pues con puestos, una vez posesionado, voltea al Congreso.

Si Fajardo o Rodolfo Hernández, que prácticamente no presentaron listas al Congreso, salen elegidos, no tienen de qué preocuparse. Mientras no haya separación real de poderes, no habrá control político, la corrupción avanzará y el verdadero partido será el de los contratistas, que no tienen ideología.

Hemos dicho aquí varias veces que la circunscripción nacional del Senado encareció la política y que las listas abiertas facilitaron la dispersión de los partidos.

En cuanto a la justicia, es urgente enmendar los errores que cometió la Constitución del 91, como darles funciones electorales a los magistrados, y haber introducido el gusano de la política que los colombianos habían desterrado en el plebiscito de 1957. 

Además, no hay que seguir confundiendo, responsabilidad política con responsabilidad judicial; también, es preciso acabar con la gran impunidad de los altos funcionarios estableciendo un tribunal de verdad, y cambiando el sistema de la Comisión de Acusaciones. 

Por ahora, los múltiples candidatos no han tenido tiempo de ocuparse de estos temas.