PUBLICIDAD
Hemos caído en un estado de insensibilidad general. Detrás de cada uno de estos delitos queda el dolor de una madre, una viuda, un hermano, un huérfano y, en algunos casos, cientos de desplazados. Ya no se citan ni los nombres, solo se habla de números. Estos hechos son la expresión de un fenómeno mucho más preocupante: el desborde del manejo del orden público y de la seguridad ciudadana.
Uno de los pilares del Estado moderno es el control del territorio por parte de las autoridades legítimas, con las armas de la ley. Cuando se piensa que en regiones como la Costa Pacífica, en donde conforme al angustioso llamado de los obispos de la Región, –Quibdó, Buenaventura, Itsmina, entre otros– los grupos armados y la delincuencia asociada al tráfico de estupefacientes, hacen de las suyas y someten a la población, suena vacua la expresión ‘Estado Social de Derecho’, si agregamos que en esas y en otras como el Cauca, la Guajira o el Catatumbo, no hemos sido capaces de combatir con éxito la pobreza y la miseria, ya ni siquiera tiene sentido la frase del general Santander, que aparece en el Palacio de Justicia –el mismo que ardió por la acción terrorista del M19, y la insensata reacción del Ejército de la época– según la cual “si las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”.
El monopolio del uso de las armas por parte del Estado, a través de sus fuerzas Militares y de Policía, siempre de la mano de la ley, es la única garantía del manejo del orden y de la seguridad ciudadana. En el pasado se decía que el soldado debía llevar en una mano el fusil y en la otra la Constitución. La democracia real debe estar basada en un trípode: pueblo, fuerzas armadas y justicia.
Durante esta campaña presidencial seguimos escuchando las frases de cajón: “Defensa de la democracia” –como el coronel Plazas–; apego a las “instituciones”, sin decir cuáles, ni si en ellas se incluyen la ausencia real de separación de poderes, la transmisión del poder entre familias, la falta de responsabilidad política, la impunidad social, judicial y política para “encumbrados” personajes, o la corrupción política y administrativa. Casi todos hablan de combatir la corrupción, sin decir cómo o de las ‘maquinarias’, a pesar de haberlas utilizado en algún momento; de la ‘reforma a la justicia’, sin saber muchas veces de qué están hablando, ni señalar claramente cuáles serían los instrumentos. Lo mismo podría decirse de la ‘lucha contra la pobreza’.
En el manejo del orden público y la preservación de la seguridad ciudadana, deberían mostrarse las diferencias entre los grupos políticos en pugna. Sin prejuzgar, los candidatos deberían pronunciarse sobre los episodios del Putumayo, en relación con los cuales aún hay dudas sobre si además de combatir grupos armados, se disparó contra civiles indefensos. No puede desecharse de manera superficial el trabajo periodístico, de tres medios de difusión como El Espectador, Revista Cambio y Vorágine. Esos debates que apuntan hacia las relaciones entre el orden y las libertades ciudadanas, son los que deben darse en una democracia.
En mucho contribuirían los medios para que los colombianos tengan claridad al momento de votar, si en los debates contrapreguntaran y lograran sacar a los candidatos de las frases de cajón como “unidad”, “no polarizar”, “pensar en Colombia”, “progreso”, “crecimiento”, entre otras muchas. Y no sobraría, si hicieran el ejercicio de memoria histórica, para ‘desnudarlos’ por sus incoherencias, veleidades y volteretas...
Comentarios