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Casi nada ha cambiado desde entonces. En el plano formal, nos preciamos de tener la democracia más sólida de América Latina, pero soslayamos muchos episodios del pasado y del presente. Olvidamos que el 9 de noviembre de 1949, el presidente conservador, Mariano Ospina Pérez, cerró el Congreso con el argumento de que su funcionamiento sería incompatible con el mantenimiento del orden público. En la práctica tuvimos casi diez años sin Congreso y sin separación de poderes. A quien así procedió no se le adelantó ningún proceso político.
Nos ufanamos con cierta razón de la tutela -sin duda uno de los pocos aciertos de la Constitución del 91- pero olvidamos, como lo dijera el magistrado Antonio José Lizarazo al posesionarse como presidente de la Corte Constitucional, que ya se incumplen más del sesenta por ciento de los fallos de tutela. Ni qué decir de la extensa carta de derechos: vida e integridad personal, salud, vivienda digna, trabajo, entre otros, que no pasan de ser letra muerta para esos veinte millones de colombianos que viven entre la pobreza y la miseria.
Y hablamos del Estado de Derecho, uno de cuyos pilares es el monopolio del uso de las armas por parte de las Fuerzas Militares, cuando hay regiones del país fuera de control, manejadas por delincuentes de todos los pelambres, habiendo sido su última manifestación la paralización de más de cien municipios por el paro armado del clan del golfo.
La independencia del Congreso frente al Ejecutivo ha desaparecido en la práctica por la vía del clientelismo. Hemos tenido casos de presidentes elegidos sin mucho apoyo parlamentario, pero que a los seis meses logran que el Congreso les apruebe todo. Y así puede ser ahora…
El respeto a las decisiones de los jueces, es columna vertebral del Estado Social de Derecho. Pero, hay muchos hechos que demuestran lo contrario. Uno de ellos lo acaba de sacar a relucir la Corte Constitucional, al declarar inconstitucional una ley, emitida pese a todas las advertencias, que suspendía la ley de garantías para permitir contrataciones billonarias que podían ser direccionadas en plena campaña al Congreso y a la Presidencia. Norma que se expidió cuando se cambió la Constitución para permitir la reelección inmediata, como una forma de aminorar la influencia del presidente candidato.
Esa ley pertenece a la categoría de las “estatutarias”, que se diferencian de las ordinarias en que, por ejemplo, requieren mayorías calificadas, no pueden ser aprobadas en sesiones extras, y no pueden entrar a regir antes de su revisión constitucional. Pues con todo y la amplísima jurisprudencia ya existente, Gobierno y Congreso se empeñaron en hacerlo por una ley ordinaria, que permitía, como en efecto ocurrió, contratar sumas billonarias de manera inmediata y sin control. Fue tan flagrante la violación, que la Corte Constitucional le dio efecto retroactivo a su fallo. Lo que ocurre es que, como lo dice el magistrado Jorge Enrique Ibáñez en su aclaración de voto, ya se ejecutaron esos recursos con procedimientos espurios en más de un noventa por ciento. Ni qué imaginar las demandas que se vendrán por los contratos ya ejecutados o en plena ejecución. ¿Quién responderá?
Para evitar que en situaciones como esta, como diría un sátrapa, “se comience a disparar antes de que llegue la orden”, los magistrados Diana Fajardo y el propio Ibáñez, plantean que hacia el futuro se le dé la posibilidad a la Corte de suspender provisionalmente estas leyes flagrantemente inconstitucionales, antes de que cumplan su fin. Las demandas que se anuncian por la violación, a sabiendas, de la Constitución, solo podrían comprender a funcionarios del Ejecutivo, ya que los Congresistas gozan del beneficio de la inviolabilidad en sus opiniones y votos.
Un programa presidencial moderno podría ser pasar del Estado de Derecho formal, al Estado de Derecho real.
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