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Es justificada la protesta de los ciudadanos, si se tiene en cuenta que en un país donde hay millones de ciudadanos que apenas sobreviven con el mínimo, no es difícil exacerbarlos con la comparación de los 35 millones de pesos que gana un ‘padre’ o ‘madre’ de la patria. Sin embargo, esa es una manera superficial de mirar el problema que tiene varias aristas.
El sueldo de muchos funcionarios de otras ramas del poder está atado al de los miembros del Congreso. Basta pensar en el más de un centenar de magistrados de las llamadas ‘Altas Cortes’ o, el Fiscal General, Procurador General, Contralor General, o delegados en las tres entidades o, en los varios centenares de magistrados de los Tribunales Superiores, fiscales de segunda instancia o procuradores judiciales, cuyos ingresos son iguales o están estrechamente ligados a los de los congresistas, para darnos cuenta de que el tema no es tan simple. Como seguramente la reforma debe hacerse vía constitucional o legal, los magistrados tendrían que declararse impedidos al revisar la juridicidad de la medida ya que los afecta directamente.
Un breve recuento de lo que ha pasado con el sueldo de los parlamentarios ayudaría a entender el problema y a buscar soluciones sin hacerle creer a la opinión que quienes proponen la reducción son adalides de la lucha anticorrupción, o quienes le ponen reparos son artífices de la corrupción.
Por muchos años los congresistas solo ganaban por asistencia a las sesiones, conocidas como las ‘dietas’. Cuando se iban a aumentar, los congresistas inicialmente rechazaban la idea y terminaban aceptándola. No había sueldo permanente. La reforma de 1968, que modernizó el Estado, les quitó a los congresistas la iniciativa en materia de gasto público, lo que fue severamente cuestionado por el hacendista y político Alfonso Palacio Rudas. En contraposición, se abrió camino a la figura de los “auxilios parlamentarios” –esa sí, fuente de corrupción– que se ha mantenido con distintos nombres como, partidas de fomento regional o fondos de cofinanciación, entre otros. Pero, además, se estableció el sueldo actual permanente. Frente a otro ‘sablazo’ al Congreso que fue la revocatoria inconsulta e inútil de 1991, la constituyente le dio otro caramelo, pues se dispuso que, sin necesidad de ley, el aumento es automático. Eso no depende del presidente de turno.
Si el problema fuera el sueldo se podría volver al sistema anterior de las dietas por asistencia a las sesiones, lo que supondría una reforma constitucional.
A los congresistas corruptos lo que menos les interesa es el sueldo. Es más jugoso recibir dineros de los narcos, los paras, o los contratistas. Basta revisar el caso Castaño –del que quedan aún muchos cabos sueltos– y que desde luego, no es el único.
El tema de los altos sueldos tiene que ver con la equidad en los ingresos, que es obviamente distinto al de la corrupción. Este Congreso –y el gobierno– podrían pensar en una ley general de salarios que comprenda a todos los sectores del Estado. La corrupción se combate con otras medidas como la de aplicar la norma sobre enriquecimiento ilícito, y dejar de entregar por partes el Estado y sus recursos a cambio de apoyos parlamentarios.
Centro de memoria historica
Ahora que se piensa en el nuevo director del Centro de Memoria Histórica, y a propósito de símbolos, qué mejor candidata que la investigadora María Valencia Gaitán, nieta del caudillo Jorge Eliecer Gaitán cuyo asesinato partió en dos la historia del siglo XX en Colombia y de cuyas consecuencias aún no se ha repuesto la Nación.
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