PUBLICIDAD
Seguimos con la idea de llamar a cualquier cosa “reforma política” así se trate de meros ajustes electorales, a menudo de ocasión. Vigente la Constitución del 91 ha habido por lo menos cuatro actos legislativos con tan pomposo nombre. Hoy todos niegan la paternidad del esperpento pero se pelean el título de sepultureros. Y se repite lo de siempre: que se aprovechará la debacle para estudiar un proyecto con mayor profundidad; que con la “reforma” se buscaba acabar el actual sistema “clientelista y corrupto”, olvidando que es el que surgió en esta Constitución, presentada como la mayor expresión de “consenso”, con los agregados hechos por los mismos partidos y personajes –más tal cual personajillo– que posan de “renovadores”.
Es inevitable comparar este ‘retiro’ del proyecto gubernamental con otro que por razones de peso, y para impedir que los narcos se apoderaran del país, valientemente hicieron Virgilio Barco y su ministro de Gobierno Carlos Lemos Simmonds.
Al posesionarse, Barco anunció que no era necesario cambiar la Constitución para gobernar a Colombia, tesis que aplaudí como representante a la Cámara en 1986. Sin embargo, el M-19 secuestró a Álvaro Gómez Hurtado y para su liberación, como siempre, el establecimiento –el mismo que no había querido dialogar para salvar la vida de los magistrados– adelantó en Panamá una negociación con los guerrilleros, quienes para liberar al ilustre rehén exigieron un cambio constitucional.
El Gobierno honró su palabra y presentó un proyecto de reforma constitucional a través del ministro César Gaviria, que alcanzó seis debates y contó con el apoyo de casi todas las fuerzas políticas. Esa reforma –que se adelantaba cumpliendo los cánones constitucionales vigentes desde el Plebiscito– fue ampliamente debatida no solo en el Congreso sino en la academia y en la opinión en general. En ella aparecían por lo menos el ochenta por ciento de las disposiciones que luego se aprobarían en la Constituyente: creación de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Vicepresidencia de la República, la Carta de Derechos, la repetición del concepto de Estado Social de Derecho que venía desde 1936 y también, con el nombre de recurso de amparo, la Acción de Tutela.
Sin embargo, el 30 de noviembre de 1989, en medio del debate, apareció el llamado ‘narcomico’ que pretendía someter la extradición de nacionales –tema que produjo una larga cadena de asesinatos– a un referendo popular. El ministro Lemos vio ahí, claramente, la mano de los extraditables que con actos terroristas a toda costa querían tumbar la extradición, y en memorable discurso fustigó duramente a los parlamentarios, quienes a pesar del rechazo del país –y desconociendo la recomendación de los jefes Turbay Ayala del liberalismo y Pastrana Borrero del conservatismo– siguieron adelante con el referendo para tumbar la extradición.
La comisión primera y la plenaria de la Cámara y la comisión primera del Senado continuaron desoyendo la voz del Gobierno, con la sola oposición en la Cámara alta de unos pocos senadores que arriesgaban su vida como Alfonso Valdivieso, Horacio Serpa y Luis Guillermo Giraldo. Fue entonces cuando Barco, para evitar que los narcotraficantes se salieran con la suya, prefirió retirar la reforma a pesar de que sin ese mico tenía todas las bondades.
Sin el mico introducido por los narcotraficantes se hubiera aprobado la reforma que iba viento en popa y seguramente no hubiera sido necesaria la Constituyente. Lo irónico fue que los constituyentes –por distintas razones– llegaron más allá, pues directamente prohibieron la extradición de nacionales que era lo que venían pidiendo los capos de la droga desde 1984 y para lo cual habían asesinado a tantos colombianos.
Ese fue el retiro de una reforma para evitar mayores males al país, por parte de un Gobierno que confrontó al narcotráfico. El de ahora, obedece a razones menos patrióticas y pone al desnudo el descenso de la actividad política.
Cordial saludo.
Comentarios