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En su gobierno, por ejemplo, a petición del presidente francés, ordenó la libertad del guerrillero Granda para facilitar la liberación de Ingrid Betancourt.
Dentro de ese marco abrió una negociación con los paramilitares que terminó con la ley de justicia y paz -enderezada por la Corte Constitucional- ofreciéndoles penas máximas de ocho años por todos sus crímenes, siempre y cuando contaran la verdad.
Por esos días el bien intencionado y bonachón siquiatra, Luis Carlos Restrepo, convocó a un grupo de politólogos y analistas, cuyos nombres no menciono por carecer de su autorización, para explicarnos los lineamientos de esa política. Creo que fui invitado en mi condición de exprocurador y exfiscal general. La idea central, como en todo proceso de paz, era que el Estado debía hacer concesiones -obviamente en materia de penas- para garantizar el bien supremo de la paz.
No estuve muy de acuerdo en darles tratamiento político a los paramilitares, pero sí en tenderles un puente para su reincorporación. Les dije además que no tenía inconveniente en que se hicieran esas concesiones, que podrían ir hasta exclusión de penas, con una sola condición: que contaran toda la verdad sobre quienes, desde el sector privado y otros sectores de la sociedad -sobre todo con financiación- y desde la fuerza pública, habían hecho posible el surgimiento y la expansión del fenómeno con todos sus horrores. La respuesta fue: “no doctor, esa verdad no la resistiría el país”.
Viene a mi memoria ese episodio a propósito de lo que hoy ocurre, pues ha sido constante el miedo a la verdad, cuando solo la verdad es liberadora para las personas y para las naciones. Por eso nunca supimos quienes fueron los responsables políticos de la violencia liberal conservadora. Por idéntica razón, hubo esa especie de pacto de silencio para que no se conociera, tanto del lado de los guerrilleros del M-19 como de la fuerza pública, toda la verdad de semejante hecatombe que fue la toma del Palacio de Justicia.
Los audios revelados inicialmente por “Semana” con la voz a veces inaudible del controvertido, inteligente y astuto político Armando Benedetti van en la misma dirección. Amenaza con que, si se conoce todo lo que él sabe, se cae el gobierno y van todos a la cárcel. Sus palabras -más allá de las groserías- tienen un claro tinte intimidatorio.
Hace algunos meses unos “emprendedores” como dirían Benedetti, Esteban Moreno y su socio, que manejaron plata en efectivo aparentemente como soborno de Odebrecht en la campaña presidencial del 2014, amenazaron con que si iban un solo día a la cárcel hablarían y se caería el establecimiento. Y de pronto, hasta les ha funcionado la amenaza pues hasta hoy no la han pisado.
Y ahora, el en otra época prometedor joven político del uribismo, Daniel García Arizabaleta, no amenazó previamente; pero, frente a una declaración del abogado de Oscar Iván Zuluaga, de que lo dejarían como único responsable por la receptación de la multinacional corruptora a esa campaña, decidió grabarlo para preconstituir una prueba y luego, como se dice popularmente, “echarlo al tarro”.
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