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Por dificultades de última hora, el pasado viernes no pude asistir a la audiencia pública sobre regiones autonómicas en Ibagué, organizado por el presidente del Senado, Iván Name Vásquez, en el que participaron, entre otros, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz y la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda. En esta columna me propongo presentar un resumen de la que iba a ser mi intervención en ese interesante foro.
El presidente de la rama legislativa del poder público, desde hace unos meses viene agitando ideas sobre la autonomía regional.
La Constitución radical de 1863 consagró en el país el federalismo. Esa carta política que impulsaron los liberales radicales tiene defensores y contradictores. Fueron 22 años que terminaron con la abrupta declaración del regenerador Núñez desde el palacio de la carrera: “la Constitución de 1863 ha dejado de existir”. Durante ese régimen, Murillo Toro inauguró el telégrafo, la internet de hoy; inició la construcción de los ferrocarriles; creó el diario oficial para publicidad de leyes y contratos; y, defendió a ultranza la libertad de prensa. Otros presidentes -de dos años, por cierto-, como Aquileo Parra, defendieron las libertades públicas y limitaron el presidencialismo.
En el 86, Núñez estableció la conocida fórmula de “centralización política y descentralización administrativa”. La centralización política fue atenuada primero, con la elección popular de alcaldes durante el gobierno de Betancur y su ministro de gobierno, Jaime Castro, atendiendo la idea de Álvaro Gómez; y luego, con la elección popular de gobernadores en la Constitución de 1991.
Sigue pendiente la verdadera regionalización, ya que ni siquiera hemos podido implementar totalmente la “descentralización administrativa”. Nadie está planteando volver al régimen federal aun cuando, por ejemplo, en los Estados Unidos el federalismo no ha impedido la unidad nacional. De lo que se trata es de construir la Nación desde las regiones.
La estructura constitucional y legal actual, por varias razones, no es la mejor para impulsar el desarrollo regional. Contrariamente a lo que se piensa, la Constitución del 91 no disminuyó, sino que aumentó los poderes presidenciales. Hoy tenemos un presidencialismo asfixiante. Ni siquiera se retomó un principio de control que exigía la Constitución radical de Rionegro, en virtud del cual los nombramientos de ministros y embajadores que hiciera el presidente debían ser aprobados por el Senado como en los EE.UU. de donde tomamos el régimen presidencial, pero como siempre, a medias.
En términos políticos, la presencia de las regiones sufrió un certero golpe con la circunscripción nacional para Senado a la que nos opusimos, entre otros, el presidente López y yo. Antes, todos los departamentos -por pequeños que fueran- tenían por lo menos dos senadores. La circunscripción nacional no solo dejó sin representación a la media Colombia sino a departamentos como el Chocó, San Andrés, la Guajira y el Quindío; y, encareció hasta límites insospechados la política, pues cada renglón es una campaña. Candidatos que ni siquiera conocen las regiones resultan con extrañas votaciones. Un dato curioso: cuando se inauguró la figura en 1994, uno de los senadores más votados por la lista liberal fue Santander López Sierra, conocido como el “hombre Marlboro”.
Pero además, los mandatarios regionales tienen que hacer muchos viajes a Bogotá para que les den recursos -aun cuando se ha avanzado con las participaciones-, o les autoricen proyectos en Planeación o en los ministerios de Hacienda, Vivienda y Minas.
Los otros factores tienen que ver con la estricta economía de las regiones que les impide generar sus propios recursos. Una idea puede ser la bio economía, con proyectos como “Colibrí” que viene impulsando la Universidad de Ibagué con su rector Alfonso Reyes y los empresarios regionales. Otra, la del gobierno -que ojalá la desarrolle- de promover en las regiones universidades que puedan competir con los centros universitarios nacionales y del exterior.
Prueba adicional del centralismo es que en el debate de hoy sobre la salud, gobernadores y alcaldes han sido marginados.
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