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Tuvo éxito. Hace diez días, el jurista español Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association (WJA), instaló en Barranquilla las deliberaciones de la xxvii edición de su congreso bienal, al cual asistieron notables juristas de los cinco continentes. Desde su fundación, hace más de medio siglo, la WJA entrega el World Peace & Liberty Award, considerado como el Premio Nobel del derecho, a una figura comprometida con la defensa de la paz y la libertad. Como bien se sabe, este premio ha sido entregado, entre otros personajes, a Winston Churchill, a Nelson Mandela y al rey Felipe vi de España. En esta oportunidad se le otorgó a la sociedad colombiana en su conjunto, a propósito de los 30 años de la Constitución del 91 y de los 200 de la de la Villa del Rosario de Cúcuta. Un reconocimiento como este “a la democracia colombiana”, es más que merecido por nuestros compatriotas del común. Los de ahora y los de siempre, incluyendo por supuesto, los de 1781. Si el país ha mantenido sus formas democráticas es gracias a ellos y, a veces, a pesar de sus gobiernos. Por eso el premio constituye justo reconocimiento al pueblo colombiano. Era la ocasión para resaltar un devenir complejo, vital, contradictorio de una sociedad que se ha empeñado en aclimatar el Estado de derecho, pero también para hacer pedagogía histórica, en un país en el cual no se enseña la historia.
El rey de España pronunció un equilibrado discurso institucional que, ciertamente, contrastó con el del presidente Duque. “Hoy Colombia -dijo el rey- busca consolidar una paz fundamental para el bienestar de sus ciudadanos, y también para toda la región. Una paz que permita desarrollar el inmenso potencial de este gran país y de toda su población”. En cambio, el presidente, si bien expresó que se trataba de un triunfo colectivo, redujo su intervención a identificar la democracia colombiana con la defensa de las realizaciones de su gobierno.
Lo primero que el premio demanda es la exaltación de unos desarrollos históricos que se iniciaron con “La Primera República”: El 20 de julio de 1810 no se hizo con ejércitos. Se hizo con cabildos, con juristas, con letrados: Camilo Torres, Joaquín Camacho, José María Carbonell. La exigencia principal del Cabildo de Santafé, y la de todos los cabildos abiertos que se convocaron, fue la adopción de una Constitución para cada una de las provincias del virreinato. En otras palabras, Colombia nació en medio del derecho. El 7 de agosto fue resultado de una gesta encabezada por el Libertador. Pero no se entiende sin el general Santander, como inspirador de una vocación civil para Colombia: “Las armas os dieron la independencia; las leyes os darán la libertad”. La Primera República y el legado de Santander sí que eran un imperativo categórico para mencionar en Barranquilla. Con otros más, por supuesto, a los cuales será preciso hacer ulterior referencia. En ese sentido, el discurso presidencial perdió una bella ocasión para contribuir a desarrollar lo que debe ser un prioritario objetivo dirigente: Hacer pedagogía para que el ámbito de la democracia se amplíe cada vez más en el imaginario nacional, para que termine convirtiéndose en una cultura.
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