Por un Predial justo y sin abusos

16 Dic 2018 - 3:01am

Por un Predial justo y sin abusos

Publicada por
MIGUEL ÁNGEL BARRETO
Autor:

Senador

El abuso en el cobro del Impuesto de Predial Unificado (IPU) por parte de algunos alcaldes tiene cansados a los propietarios de viviendas, no solo en Ibagué, sino en otros municipios colombianos. Conversando del tema con algunos propietarios y defensores ciudadanos, esgrimen, con mucha coherencia, que no entienden cómo en ciudades con pésimos servicios públicos, como por ejemplo, problemas de abastecimiento de agua, deficiente alumbrado público, daños en el alcantarillado y continuos cortes de energía, los bienes inmuebles sean objeto de actualizaciones catastrales cuyos inflados cobros contrastan con la realidad social, economía y calidad de vida de sus habitantes.

Sin duda, el atropello es mayor cuando se propone o agrega que, a pesar de los problemas de infraestructura de los servicios a cargo de la municipalidad, se les pueda cargar a los contribuyentes otros temas como la valorización y que se caiga en la especulación de unos proyectos que, se sabe se requieren, pero sobre los cuales no existe ni los mínimos estudios, ni diseños, ni proyecciones reales. Lo que uno nota es que el ciudadano de a pie está llegando al límite porque siente que el dinero, producto de un salario o actividad comercial, se le va en pagar gravámenes, al tiempo que sus entornos no evolucionan o se desarrollan adecuadamente.

La realidad de las cifras demuestra que el IPU avanza a una velocidad vertiginosa frente a la capacidad de pago de los contribuyentes: En el 2009 había 11 millones 585 mil predios que pagaban 298 billones de pesos en Predial, y en 2017 hubo apenas 13 millones 283 mil predios que cancelaron 629 billones. En nueve años, el número de propiedades creció 17% versus el 150% que representa el recaudo (sin contar el caso de Bogotá que fue 336%). Tal desproporcionalidad resulta insostenible en el tiempo para los propietarios de bienes inmuebles o para quienes apenas están pagando a cuotas una vivienda.

De hecho, desde el partido Conservador, con autoría del senador David Barguil, y del cual participé como coautor, se dio trámite al proyecto de ley que establece un límite al incremento anual del Impuesto Predial Unificado. ¿Qué se propone?: En el caso de los predios residenciales, que el aumento en el cobro total del IPU, producto de actualizaciones catastrales de una vigencia a otra, no exceda en más de un 25% el monto liquidado por el mismo concepto del año inmediatamente anterior, mediante una proposición modificatoria del límite que originalmente establece la iniciativa del 50%. Con esto se le pone un techo al impuesto y se evitan los desmanes de las administraciones locales.

Igualmente, que para las viviendas pertenecientes a los estratos 1 y 2, cuyo avalúo catastral sea igual o inferior a 135 smmlv, el incremento anual no pueda sobrepasar en dos veces el aumento porcentual del salario mínimo determinado por el Gobierno nacional para dicha vigencia. Esta misma regla también aplicará en el caso de los predios residenciales urbanos cuyo avalúo catastral supere el 70% de su valor comercial. Obviamente, se exceptúan de estos límites aquellos predios en cuyo proceso de actualización catastral se hayan identificado cambios físicos o variaciones de uso que justifiquen un mayor valor catastral.

En suma, el proyecto está orientado a que los alcaldes no se desborden en el cobro del predial y quede protegido el principio de justicia tributaria, garantizado por la Constitución Política. En este sentido, los incrementos y liquidaciones deben estar siempre en márgenes razonables para blindar la estabilidad jurídica y económica de los propietarios y, sobretodo, para que se siga estimulando el auge inmobiliario.

Este artículo obedece a la opinión del columnista. El Nuevo Día no responde por los puntos de vista que allí se expresen.