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Esta conducta que no solo es ilegal sino inmoral pone al descubierto la pandemia de la corrupción, tanto pública como privada, y la forma como ésta termina agrandando la brecha de la desigualdad en nuestro país. Según el último índice de percepción de la corrupción del 2019, publicado en enero del presente año por Transparencia Internacional, Colombia aparece con una calificación de 37 puntos sobre 100, siendo 0 una corrupción muy elevada y 100 ausencia de corrupción, ubicándonos en el puesto 96 de 180 países evaluados, algo bastante preocupante, sobretodo si revisamos la quinta encuesta contra prácticas contra el soborno en empresas colombianas del año 2017, realizada por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado de Colombia, donde el 96% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios, una conducta que pareciera estar enquistada en nuestra cultura generando pobreza e inequidad.
Michael Porter, dice que la mejor forma de generar riqueza social en un país es a través de la rivalidad y la competencia, dado que estos factores generan incentivos para invertir en investigación y desarrollo, con el fin de atraer porciones cada vez mayores de mercado y mantener vigencia en los procesos productivos, dado su constante y permanente cambio y evolución, lo cual afecta de manera directa las preferencias de los consumidores haciendo que más personas puedan acceder a una oferta variada de bienes y servicios.
Adicionalmente, señaló el propio Superintendente de Industria y Comercio que bajo su administración, desde el 2018, van 20 carteles sancionados, no se sabe de cuántos, porque los carteles están ocultos, todos constituidos para, en definitiva, defraudar a los consumidores y al mismo Estado, pues estos acuerdos para amañar los precios pueden estar presentes tanto en productos de consumo básico –recordemos el famoso cartel del papel higiénico, como en productos de “lujo” –boletería para el Mundial de Rusia 2018-, sin discriminar la condición económica o social del consumidor, solo llevados por la obtención de un beneficio económico particular asaltando a quienes ingenuamente creemos estar comprando al precio justo.
En definitiva, para la corrupción no existe la economía social de mercado. Hay que prestarle mucha atención a quienes tienen la tentación de jugar con los precios de los productos, bien sea en el sector público o privado, pues no solo están realizando conductas castigadas por la ley, sino que también ponen en peligro la propia estabilidad económica, social y democrática de nuestro país, lo que hace necesario, en este momento de exacerbación de realidades, la imposición de sanciones tanto legales como reputacionales a quienes defrauden la confianza depositada por todos los consumidores en nuestro territorio, como una necesidad para hacerle frente a estas prácticas anticompetitivas y corruptas.
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