¡Se fue la luz!

Hace algunas semanas escribí acerca de la libertad, o mejor, la ausencia de ella, en nuestro país, para elegir a los prestadores de los servicios públicos domiciliarios y, pues hoy, les vengo a contar que no es un problema sólo de libertades individuales y colectivas, ni hablamos sólo de restricciones al interés general y el bien común, también hablamos de (im)-productividad en el territorio. La energía eléctrica es un claro ejemplo de incidencia negativa en la producción y la competitividad empresarial, sin dejar de lado la consecuencia negativa en el bienestar general de la población. No lo digo yo, lo dice el reciente “Informe Nacional de Competitividad 2020-2021”, donde, teniendo en cuenta que –según el informe-, “la energía es un factor fundamental para la actividad económica moderna y es determinante para incrementar la productividad de las empresas”, en la ciudad de Ibagué nos ubicamos en el décimo lugar de ciudades con más frecuencia promedio en interrupciones del servicio de energía para ciudades capitales en Colombia, con 42,2 veces en promedio en el año para el 2018, y con una duración en promedio de 17,3 horas de interrupción del servicio de energía por usuario para el mismo año, ubicándonos en este último factor –duración de interrupciones- en el puesto número 13.

Turismo sin Carretera

Cuesta trabajo entender la apuesta para lograr jalonar el empleo y el crecimiento económico de la ciudad a través del turismo, cuando, en uno de los sitios predilectos para ir a “pasear”, tanto para los ibaguereños como para los que nos visitan desde afuera, el Cañón del Combeima, las vías, salvo un par de kilómetros tal vez, están hechas un verdadero camino de herradura, que desconecta a un sector importante de la ciudad, el rural, con las políticas de crecimiento de la ciudad.

Paternalismo estatal

Restémosle política, metámosle academia a la discusión –porque en realidad es un tema muy importante para nuestro país- y partamos de la base que, dentro de la adversidad del cannabis, porque es una tragedia para muchas familias –no lo podemos desconocer-, tal vez sea menos adverso legalizarlo que mantenerlo ilegal, pues con eso dirigimos las acciones a combatir el problema del consumo como un tema de salud pública.

¿Y para cuándo el plan de reactivación económica?

Nos estamos alejando de las causas y motivos que dan felicidad y prosperidad a los ciudadanos en cada territorio, pues el nivel de ingresos de las personas son una brecha –o mejor, ya es un abismo- que nos separa de los estándares mínimos, relacionados con el nivel de vida, de los países ricos. La pobreza –en términos monetarios- pero también en las acciones, constituyen el origen del descontento, con toda razón, de la población en general, pues, según el Dane, en Ibagué el 30,9% de los habitantes (sobre)viven en condiciones de pobreza monetaria, esto es entre 0 y 327.674 pesos mensuales, una vileza que hay que atacar y a la que tenemos que sobreponernos si queremos avanzar hacia la senda del crecimiento y el desarrollo. No nos podemos dejar distraer sobre lo fundamental en cuanto a garantizar el bien común, la creación de un sistema educativo eficiente y, más que una petición, una exigencia, sobre el plan de reactivación económica de la ciudad, el cual, hay que decirlo, no existe, hasta ahora solo hemos tenido una reapertura del comercio y, eso, no es suficiente para superar la crisis. Esos 168 mil ibaguereños que viven en condiciones de pobreza lo reclaman a gritos y los 143 mil que están en condiciones vulnerables suman su voz para decir que son el 57,2% de los habitantes de nuestra ciudad y que la están pasando bastante mal. Se requieren planes, programas y proyectos que beneficien a toda la población para salir del letargo en el que nos encontramos.

¿Quién está asumiendo las incapacidades en tiempos de pandemia?

En los tiempos que corren en la actualidad, el papel de las EPS debería ser fundamental para contener la propagación de la Covid-19 en nuestro país y, todo parece indicar que, como ha ocurrido en los últimos 20 años o más, siguen siendo inferiores al reto de garantizar, promocionar y proteger el derecho a la salud de todos los colombianos, pero también, estarían contribuyendo enormemente a las precarias condiciones de empleo y pobreza de la población en general. Si miramos bien, la desconexión que existe entre las EPS y el personal médico sanitario es abrumadora, pues al seguir garantizando una utilidad de un negocio “particular” van en detrimento de estos últimos, que son los que tienen que contener la pandemia.

¿Somos libres? Miremos los servicios públicos

Los servicios públicos en general, con una mirada especial a los domiciliarios, iniciaron un proceso liberalizador durante los años 80, donde se cambió el modelo del monopolio natural imperante en aquella época, a la introducción de competencia en estos mercados, ¡sí como lo leen!, los servicios públicos domiciliarios son mercados, pues aún cuando la Constitución Política diga que son inherentes a la finalidad social del Estado, también dice que deben prestarse de manera eficiente y oportuna, garantizando la libre competencia y el acceso adecuado y equitativo a toda la población, un binomio muy difícil de articular entre eficiencia y equidad, el cual, considero yo, no ha sido equilibrado.

Hay que amarrar al Leviatán

Todas las manifestaciones sociales desencadenadas en los últimos días –semanas y meses- son la reacción –y consecuencia- del inconformismo exacerbado de la sociedad frente a la acción del Gobierno en temas trascendentales para el país, lo que indudablemente encierra como característica única que está marcado por la ideología, donde normalmente el debate se rechaza porque proviene del contradictor, acostumbrados, así, a huir del debate. Recordemos que ya hizo carrera en Colombia responder diciendo: “siguiente pregunta”. Creo conveniente empezar a hablar de la profesionalización de la política y acabar con la “deriva” profesional de algunos dirigentes de nuestro país.

¡Que nos paguen por usar nuestros datos personales!

Hace pocos días salió una noticia acerca de una denuncia que interpuso, ante la Comunidad Andina de Naciones –CAN-, un abogado colombiano, denuncia en la cual se acusa a Facebook, Google, Amazon y Apple por “abuso de posición dominante conjunta en el uso de la información de los usuarios”, teniendo como prueba para esta afirmación, por un lado, el informe de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos donde se indica que tienen poder dominante, controlando así la infraestructura de la era digital, por lo cual recomendó, entre otras cosas, una legislación que obligue a estas compañías a separar sus famosas plataformas de internet de otras líneas de negocio y, por el otro, la popular serie de Netflix “El dilema de las redes sociales”.

Ibagué, ciudad sostenible

El impacto que genera en la ciudad de Ibagué, el reciente fallo del Consejo de Estado es mayúsculo y debería marcar un punto de inflexión en la recuperación económica de la ciudad y, por supuesto, en el modelo de desarrollo a implementar en el mediano y largo plazo. Recordemos que, en días pasados, el Consejo de Estado confirmó parcialmente el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima en el mes de julio del año anterior, en dicho fallo del Tribunal, se declaró a los “ríos Coello, Cocora y Combeima, sus cuencas y afluentes como entidades individuales, sujetos de derecho a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades”, por los peligros, tanto al medio ambiente, como a la salud de las personas, que representan las actividades de explotación y exploración minera en las zonas aledañas a las fuentes hídricas, prohibiendo así la realización de estas actividades. La decisión que fue confirmada parcialmente por el Consejo de Estado reconoce los derechos de los cuerpos de agua de los ríos que surten a Ibagué.

El camino a la transformación

“Una Nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo–enemigo; izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho”,