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El problema no es de ahora, viene de mucho tiempo atrás y en esto confluyen muchas causas, principalmente de infraestructura (ausencia o vetustez) del operador principal y público, pero con una proliferación de construcciones, sin control, no solo en esa comuna, sino en toda la ciudad, sin disponibilidad real del servicio. Alminar Samoa, Altos de Miramar, Kundae, el barrio Montecarlo, El Salado, Urbanización El Limón, solo por mencionar algunos casos repartidos en toda la ciudad denotan el problema que se ha venido cultivando en el municipio.
Sin lugar a dudas a Ibagué hay que reorganizarla y planearla, el futuro y el desarrollo local no pueden continuar por la senda del desdén, el desorden y la transgresión de derechos fundamentales. Hay una deficiencia en la calidad del agua que suministran algunos acueductos comunitarios, no todos, hay que señalarlo y el riesgo está en aquellos que tienen un Índice de Riesgo para la Calidad del Agua Potable –IRCA- superior al 5% que la hace inviable para el consumo humano y hay, aproximadamente, un porcentaje superior al 20% de habitantes que se surten de una mala (riesgosa) calidad del agua. Es un problema que debe corregir la administración municipal, pues su única “responsabilidad” no es aquella que se deriva de la prestación del servicio dado por el prestador oficial, es aquel suministro de agua (apta para el consumo humano) para toda la población ibaguereña, eso dice la Constitución Política y eso reclama la ciudadanía.
Ahora bien, es importante señalar que este “desorden” es producto de un Plan de Ordenamiento Territorial –POT- mal elaborado, vigente y sobre el cual el Tribunal Administrativo del Tolima debe resolver, en segunda instancia, si se confirma o no, la nulidad parcial decretada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué, va para cinco años del fallo proferido por el juzgado y el Tribunal nada que resuelve el recurso y mientras tanto, vemos como, al parecer, esos “vacíos” del POT han sido aprovechados para el licenciamiento indebido de proyectos con un mal uso del suelo, la construcción sin cumplimiento de los parámetros legales (disponibilidad de servicios públicos), la densificación desproporcionada en algunas zonas de la ciudad, que tienen impacto, además de todo, en la congestión vehicular que se presenta en la ciudad, sobretodo de manera sectorizada.
Esta es la principal discusión de ciudad en el inmediato futuro, máxime si queremos corregir el rumbo de la ciudad en materia económica, social, ambiental, estructural (vial), arquitectónica, acceso y cobertura en materia de servicios públicos, salubridad, por mencionar algunos y debemos iniciar por exigir que se defina, con prontitud, el futuro del actual POT local e independiente del resultado, estructurar y discutir el POT venidero, en el que debe haber una participación activa de la academia, los empresarios, la comunidad (directamente en los territorios), los constructores y la Administración municipal.
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