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A esta cifra se suma el asesinato de Elizabeth Mendoza, su esposo e hijo menor de edad quienes residían en Calarcá-Tetuán, vereda del corregimiento de Calarma del municipio de Chaparral – Tolima. Un crimen que no puede quedar en la impunidad –como ningún otro-, y que debemos estar atentos a los resultados de las investigaciones, porque para estos casos, las instituciones si que han fallado, en protección y en resultados ante los asesinatos. No se compadece con la tarea emprendida para visibilizar a las minorías, los conflictos sociales, económicos, culturales y ambientales –por citar algunos- en el territorio, apuestan y, en muchos casos, como lo muestran las cifras de INDEPAZ, pierden su vida y la de sus familias. La exigencia de protección de los líderes sociales debe ser permanente, hasta que sean escuchadas y el gobierno entienda que no basta con un consejo de seguridad una vez ocurrida la tragedia.
Pero la violencia en sus distintas aristas supo ocupar los titulares del mundo entero, con el segundo hecho, esta vez en Uvalde – Texas, Estados Unidos, donde un joven de 18 años asesinó a 19 niños y 2 profesoras de una escuela primaria de dicha ciudad, toda una tragedia de grandes dimensiones, por las víctimas, el victimario y una (errada) política, histórica en dicho país, de porte y tenencia de armas. Violencia por doquier. En Estados Unidos, el porte de armas es un derecho consagrado en la Constitución –hace parte de su Bill of Rigths, segunda enmienda- desde 1791.
Según la encuesta sobre armas pequeñas del año 2017, publicada por “Small Arms Survey” y reproducida en un reciente informe de CNN, por cada 100 estadounidenses hay 120 armas de fuego, convirtiéndose en el único país del mundo donde hay más armas que civiles . Un mercado en franca ascendencia y una amplia capacidad de lobby de la Asociación Nacional del Rifle, hacen muy difícil, en la práctica, regular el porte y tenencia de armas en dicho país.
Son hechos de amplia trascendencia, que no pretendemos equiparar, sí visibilizar, el primero, porque los líderes sociales deben ser prioridad para el próximo gobierno y, el segundo, porque en Colombia se han adelantado Proyectos de Ley –ampliamente difundidos y respaldados por congresistas-, que pretenden “facilitar” el porte y tenencia de armas de fuego, como solución, entre otras, dicen algunos, a los problemas de inseguridad que atraviesa el país. Como si no bastaran los hechos generadores de violencia que persisten en Colombia, para desatar una fiebre de la defensa personal. En el norte del continente están los resultados. Y ojo, los problemas de salud mental en ascenso, reclaman políticas públicas y recursos para enfrentarlos, de manera urgente.
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