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Les disparan, desde todas partes. De arriba, de abajo, de los lados, de frente, por la espalda. El panorama es asolador y angustioso. Sin embargo, no se percibe que este sea un problema esencial de atención por parte del Gobierno nacional. La noticia de asesinatos de líderes sociales, se volvió rutinaria. No conmueve a las altas esferas del país. Al contrario, algunos serios estudios e investigaciones académicas, apuntan a señalar a personas y grupos de esas altas cúspides, en especial ligadas al sector rural, como promotores de tan criminales e inhumanas conductas.
No son especulaciones de la oposición. Las fuentes son por demás confiables y sobre todo serias. Una de ellas, el Informe de la organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, HRW (Human Rights Watch).
Observemos algunas cifras del Informe:
De 2016 a 2020 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 421 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia. La más alta de la región. Sin tener en cuenta el violento inicio de este 2021.
De los 421 asesinatos:
130 corresponden a líderes comunales.
67 a líderes comunitarios.
69 a líderes indígenas.
33 a líderes campesinos.
18 a líderes afrocolombianos.
12 a sindicalistas.
10 defensores de víctimas.
Los crímenes ocurrieron principalmente en:
Donde hay grupos armados.
En municipios con economías ilegales.
Municipios con niveles de pobreza superiores al promedio nacional.
La violencia ha dejado a líderes asesinados en 28 de los 32 departamentos del país y en cerca del 20% de los municipios.
Además, el Informe encontró otras dolorosas perlas:
Las autoridades no ejercen control efectivo sobre varias zonas anteriormente controladas por las Farc.
El Gobierno no ha fortalecido el sistema de justicia, ni asegurado un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas, así como a servicios públicos.
Las organizaciones sociales se involucran con las comunidades, realizan tareas de protección que le corresponderían a las autoridades. El Gobierno del presidente Duque poco ha aportado.
HRW solicitó al presidente Duque iniciar un proceso con participación activa de la sociedad para reforzar los mecanismos de protección de líderes. Ojalá la defensa de la vida tenga prioridad en la implementación de políticas públicas del actual gobierno.
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