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Tal parece que el llamado a los jóvenes para que ingresen a la FP no ha funcionado como se esperaba. Y es fácil entender esa actitud de los jóvenes y sus padres, pues ni siquiera la pobreza y el enorme desempleo que agobia a la juventud, especialmente campesina, de donde suele proceder la gran mayoría de reclutas, son argumentos suficientes porque conocen muy bien el duro trabajo que les espera y la exposición a la muerte todo el tiempo. Para muchos es mejor opción evadirse y “rebuscar” la vida en centros urbanos, como vendedores ambulantes, limpiando vidrios en los semáforos o, cuando la desesperación los empuja, se vinculan a pandillas, o buscan salida a otros países.
Ello es así, no solo por el enorme fortalecimiento y multiplicación de los grupos armados y la criminalidad; también porque conocen que las nuevas reglas del juego establecidas por el gobierno nacional los ponen en desventaja: limitan sus reacciones, reciben poco respaldo institucional y luego nada pasa. Detienen delincuentes y en pocas horas quedan libres, o los retienen por pocos días para luego dejarlos listos para que reincidan y tomen represalias. Y si acaso los jueces consideran enviarlos a la cárcel, mejor se abstienen porque saben que están desbordadas. Para completar, se ha deteriorado la imagen de soldados y policías, a quienes inclusive la comunidad agravia y subestima, sin que se desconozca que efectivamente son numerosos los que transgreden normas en materia grave y alimentan la criminalidad.
Es paradójico entonces, que frente al reconocimiento de la creciente inseguridad y violencia que vive el país, que muchos ciudadanos califican como el problema más grave, quienes aspiran a los cargos de elección popular el próximo 29 de octubre, presentan como propuesta incrementar los efectivos de la FP, desconociendo la realidad de que muy pocos se le miden a esa tarea, porque aquí se convierte en un acto heróico. Se suma la realidad demográfica de que la población joven disminuye porque cada vez nacen menos niños. Por todo lo anterior, no es casualidad “la caída del 23,6% en el pie de fuerza entre 2014 y 2023, equivalente a 109.300 efectivos menos”, como señala J.F.Laforie en este este diario (30-07-23 pg.A6). Y se suma el hecho de que son numerosos los miembros de la FP que piden la baja, aún estando en las mejores condiciones para prestar el servicio. Entonces, ¿Cómo comprometerse a combatir la inseguridad con más FP?
Proponer salidas simplistas e inviables a un problema tan grave y complejo en nada ayuda a su solución. Se requieren medidas de política nacional coherentes, de fondo, que comprometan múltiples sectores del quehacer institucional, muy especialmente relacionadas con la inoperante Justicia y entes de control, con el deficiente sistema carcelario, con la creciente pobreza y desempleo, y también compete a los gobernantes y la clase política, que en mucho contribuye a profundizar la criminalidad y la violencia, así como la sociedad civil que no da el apoyo requerido, ni aplica la sanción social que merecen quienes delinquen, generando así cierta complicidad con la delincuencia, con frecuencia vestida de “cuello blanco”.
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