Piedad con Ibagué

Carmen Inés Cruz Betancourt

Dos semanas paralizada por un paro del transporte público que, según estimaciones dejó más de $80 mil millones de pesos en pérdidas en diversos sectores, más el ingreso que dejaron de percibir miles de personas que no pudieron llegar a su trabajo porque les costaba más el transporte en taxi que el jornal que recibirían por su día de trabajo; entre ellas las “trabajadoras del hogar”, cuya ausencia implicaba que tampoco sus “patronas” podían ir al trabajo para no dejar solos a sus pequeños hijos.
PUBLICIDAD

Por supuesto, fueron las personas más pobres quienes sufrieron el mayor impacto, algunas tuvieron que caminar una y dos horas para llegar a su destino y otro tanto para regresar a casa. También estudiantes y trabajadores de muy diverso nivel vieron traumatizadas sus labores. En suma, un evento de enorme gravedad en una ciudad que lleva largo tiempo como la segunda capital con mayor desempleo del país, superada solo por Quibdó.

Los transportadores esgrimieron argumentos fuertes para justificar el paro, que en síntesis tienen que ver con el desconocimiento desde la administración municipal, de sus planteamientos a la hora de suscribir un contrato para modernizar el sistema de transporte urbano y manejar el recaudo por 16 años con una empresa foránea que deja dudas sobre su capacidad financiera y técnica para hacerlo con eficiencia, y también sobre la transparencia misma del contrato y de los asociados que la conforman.

Además, porque fue suscrito en forma precipitada cuando estaba a punto de entrar en vigencia la “Ley de Garantías”, a pocos meses de concluir el mandato del alcalde y en medio de una reñida campaña electoral. Señalan además, vicios de diverso tipo que tendrán que calificar las autoridades competentes. 

La administración municipal, a su vez, reitera la pertinencia del contrato, el cumplimiento de  los requisitos y la imposibilidad de retractarse por las implicaciones para la ciudad. Todo ello manejado con displicencia, como si se tratara de un asunto menor. Para completar, cuando acuden a una instancia superior, el Ministerio de Transporte, por ayuda para dirimir el conflicto, se encuentran con Ministro y viceministros nuevos, que carecen de conocimiento y experiencia en el manejo de estos asuntos.

Por ahora los transportadores acordaron suspender el paro a cambio de posponer el inicio del contrato por cuatro meses, mientras se aclaran algunas inquietudes y cumplen algunos compromisos, pero los transportadores no quedaron satisfechos. Surge entonces un interrogante: ¿Qué pasa si en ese lapso no logran acuerdos? Harán un nuevo paro que deberá enfrentar el alcalde elegido en octubre? Por supuesto la ciudad no aguanta otro castigo como ese, así que urge estar alerta sobre los avances que logren durante los cuatro meses pactados, por ello cabe preguntar: ¿Quién monitorea y verifica los desarrollos durante ese lapso?

De otro lado, este infortunado evento permitió que la ciudadanía conociera con mayor detalle aspectos inquietantes relacionados con el llamado “proyecto de modernización del transporte público de la ciudad” y sobre la empresa contratada que, como señalan los transportadores, no acredita suficientes garantías para asumir tan trascendental tarea. Podría decirse que corresponde a los entes competentes investigar y fallar sobre el asunto, solo que dichos entes operan con enorme lentitud y por muchas razones no gozan de credibilidad en la ciudadanía, como lo confirman múltiples mediciones realizadas por diversas agencias.

Cabe entonces pedir a la ciudadanía: !!! Piedad con Ibagué y sus habitantes!!!  Es crucial que en las elecciones regionales de octubre vote, y lo haga solo por personas que garanticen idoneidad, honestidad y transparencia total. Los mandatarios los elige la ciudadanía, y si vota mal, es también quien los padece. 

 

CARMEN INÉS CRUZ

Comentarios