Eficiencia y productividad, responsabilidad de todos

Menciono este asunto porque mientras se pide al sector privado mayor eficiencia y productividad, parece que el sector público y la comunidad en general no se sienten aludidos, o al menos no aplican suficiente esfuerzo para asumir igual responsabilidad, inclusive para dar línea y ejemplo.

Así resulta que cuando especulan sobre la contratación vía Ordenes de Prestación de Servicios (OPS) y tercerización, que algunos recomiendan eliminar o minimizar, supuestamente para “humanizar la contratación” y lograr eficiencia y productividad, enfatizan lo concerniente al sector privado, mientras en el sector público esta fórmula ha tomado mucha fuerza para facilitar la politiquería. 

Allí suman miles los contratos de ese tipo que suscriben por tres, seis o nueve meses con personas urgidas de un ingreso, y los asignan inclusive sin considerar su idoneidad para cumplir las exigencias del cargo y, concluido el tiempo, les requieren seguir laborando sin pago por varios meses más, mientras tramitan la renovación del contrato una y más veces, si es que consiguió los votos ofrecidos y entregó los aportes pactados con el “padrino político”, asunto probado y denunciado por muchas víctimas sin que pase mayor cosa. 

La fórmula, además de ilegal y antiética es inhumana pues esclaviza al “favorecido” respecto a su “padrino”. También conlleva enorme rotación en múltiples posiciones de la administración pública, incluyendo períodos en los que no hay quién atienda en las respectivas oficinas y siempre con el riesgo de que lleguen inexpertos a quienes les lleva tiempo entrenarse para prestar el servicio requerido. 

Así se explica que diversas dependencias, inclusive responsables de trámites claves y de carácter urgente tardan tiempos injustificados, dígase fallos, sentencias, contrataciones, expedición de pases de conducción, transacciones de compra-venta de vehículos, pasaportes, autorizaciones de diverso tipo, reclamos por impuestos, multas, reintegros, o servicios cobrados en forma incorrecta, etc. 

Lo anterior sin consideración con los costos de tal demora para los usuarios a quienes exigen pagos puntuales y multas por incumplimiento; tampoco con el impacto negativo sobre el presupuesto de las entidades porque, cuando es posible, muchos optan por acudir a otros municipios.

Ante semejantes anomalías se interponen recursos legales que tampoco son respondidos porque, como algunos comentan, son entes que padecen el mismo mal o cohonestan con los involucrados. ¿Cómo pueden entonces los actores gubernamentales pedir a la ciudadanía que sea más eficiente y productiva si ellos mismos son un obstáculo?  ¿Cuántas oficinas y trabajadores operan así en nuestro entorno?

Ojalá los nuevos gobernantes se ocupen de estas fallas que  determinan enorme ineficiencia en la gestión pública. Les corresponde asegurar que, en su ámbito operan en forma eficiente y ello requiere colaboradores idóneos, capacitados, exigidos, evaluados y comprometidos con sus tareas, sin la angustia de responder al politiquero que determina la renovación de su “contratico”. Y, por supuesto, contar con el direccionamiento, equipos e instrumentos pertinentes. 

Desempeñarse con eficiencia y ser productivo es responsabilidad de toda persona en cualquier escenario en el que se desempeñe. Un reto ineludible que debemos asumir si queremos tener una región y un país pujantes.